Número 152
Jueves 5 de marzo
de 2009


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Trata: crimen sexual invisible

La trata de personas es un problema de derechos humanos, pero también un asunto de cultura. En charla con Letra S, el especialista Mario Luis Fuentes delinea las fronteras del delito y señala las inercias que impiden contar con estrategias integrales para apoyar
a las víctimas.

La trata de personas involucra no sólo a la pobreza, también a la desigualdad, la discriminación y la exclusión que fortalecen la capacidad de unos para abusar de otros, en este caso niños y jóvenes. La trata es la acción en la cual el crimen organizado vende a una persona una y otra vez, sometiéndola a una absoluta esclavitud. El individuo se convierte en mercancía.

México es un país del cual se llevan niños y niñas para la explotación sexual en el extranjero, pero también hay un consumo brutal a nivel nacional, muy relacionado con el tráfico ilegal de drogas y con la explotación laboral. Por ejemplo, en la servidumbre doméstica, tan usual que
se asume como parte de nuestra cultura, es común enfrentarse a casos de niños y niñas sin ninguna vigencia de sus derechos, explotados en jornadas extenuantes y, en ocasiones, obligados a cumplir labores sexuales. Es la realidad de las niñas guatemaltecas que son llevadas a Tapachula para convertirse en trabajadoras domésticas, pero también de las niñas de Chalco que son traídas a trabajar en Santa Fe. Es una de las expresiones de violencia
que pasan desapercibidas.

Estamos frente a un delito poco visible e ignorado. Una de las causas es la enorme cultura machista que asume que las mujeres son objetos sexuales y no tienen derechos.
Hay tolerancia al acoso y simulación frente al abuso sexual; se asume que si una persona
de 16 o 17 años “provoca”, es lícito tener relaciones sexuales con ella. Son temas que no se han discutido, lo que favorece esta situación nebulosa, gris, donde no se piensa que se trata
de un crimen. Se asume como parte del paisaje urbano, de nuestra humanidad.

La trata no se persigue, no hay recursos para enfrentarla, no hay capacitación y los jueces no tienen claramente entendido el delito, que al mismo tiempo está rodeado de un alto grado de corrupción y de impunidad. La inacción contra la trata no es un problema de leyes sino de aplicación de las leyes, de hacer visible lo que parece cotidiano y generar un enorme
esfuerzo de todos.

Creer que sólo al gobierno le corresponde actuar genera el desistimiento del sector empresarial, el cual puede hacer mucho más de lo que ha hecho. En autobuses, en hoteles, en taxis, en terminales de transporte se generan los enganches y se da la explotación. Es común enfrentarse a la historia de la joven que compra un boleto de autobús mientras comenta que no hay nadie que la reciba en la terminal de destino; el señor que vende los boletos oye el dicho y avisa al chofer que a su vez avisa a otro hombre en la terminal, para que al llegar la joven se encuentre, aparentemente por casualidad, con una persona que le ofrece un lugar para quedarse, que se hace su amigo y de repente la engancha. Tenemos que hacerle saber a todos los involucrados que esto es un delito y que las empresas van a denunciarlos. Necesitamos defender los derechos humanos de los otros, además de combatir la profunda discriminación contra las mujeres.

Víctimas abandonadas
Las víctimas de explotación sexual se enfrentan, por lo general, a la fractura de su personalidad y de su voluntad, al grado de ser incapaces por sí mismas de denunciar los abusos o de huir. Una vez que se identifica a una víctima, el grado de daño es tal que se requiere no sólo atención médica sino el apoyo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y otros especialistas. Los albergues con los que ahora se cuenta son espacios de cuidado y alimentación, pero no están dotados del equipo multidisciplinario para tratar a las víctimas,
por lo que es muy baja la reintegración social plena. Tampoco se cuenta con normas específicas o protocolos para intervenir.

El Estado parece no querer que temas como este sean un problema, desearía que estos asuntos se resolvieran en el ámbito de lo privado, por eso se da esta enorme confusión entre políticas públicas y morales privadas. Como sociedad no hemos logrado tener la madurez para asumir que el aborto o la provisión de anticonceptivos son parte de los derechos de las mujeres, de sus derechos humanos. Todavía priva una visión de país que permite que, aunque haya lineamientos legales, los funcionarios antepongan su moral privada a la política pública,
lo que niega la realidad y contribuye a esa sensación de vulnerabilidad, de soledad y de abandono en las mujeres que han sufrido violencia.

* Presidente del Consejo Consultivo de UNICEF México y director del Centro de Estudios e Investigacion
en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), organización civil que trabaja para visibilizar el problema
de la trata de personas.

S U B I R