Número 152
Jueves 5 de marzo
de 2009


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Desde la inclusión de la anticoncepción de emergencia en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, los grupos ultraconservadores se propusieron detener las posturas feministas de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para ello determinaron colocar en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (Ssa) —posición clave por donde pasan, para su revisión, todos los proyectos de leyes, reglamentos y normas de salud—, a un funcionario de corte católico, comprometido con “la defensa de la vida”.

Es así como, en enero de 2007, ocupó dicha dirección Bernardo Fernández del Castillo, abogado de Pro Vida y del cardenal Norberto Rivera, el mismo que interpuso una demanda de amparo a favor de ese grupo ultraconservador contra una política de la propia Ssa: la promoción de la anticoncepción de emergencia.

Fernández del Castillo —quien también asesoró a los diputados del PAN que promovieron la inconstitucionalidad de la llamada Ley Robles que amplió las causales de despenalización del aborto en el DF—, no dudó en meter mano a una nueva norma oficial, esta vez de Violencia Familiar y Sexual, para dificultar y evitar el acceso a la anticoncepción de emergencia y al aborto a las mujeres víctimas de una violación. Con su acción violentó el procedimiento que debe seguirse en la discusión, aprobación y publicación de una norma oficial.

Al anteponer su fe de católico militante a su deber como servidor público, el también abogado de la Arquidiócesis de México no sólo puso en ridículo a las autoridades de Salud, que tuvieron que dar marcha atrás a la manipulación de una norma que ya había sido aprobada, luego de un penoso intento de justificar los cambios como “cosméticos”, sino que puso en riesgo la salud y los derechos de las mujeres, derechos que deben estar por encima de cualquier credo o religión.

S U B I R