ara una transformación radical y profunda es fundamental tener confianza en las instituciones judiciales. México está frente a una reforma crucial que busca fortalecer la imparcialidad y la autonomía del Poder Judicial. Este proceso no sólo apunta a renovar la estructura legal, sino a reafirmar los principios básicos de la ley como pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa.
La reforma judicial tiene como objetivo principal romper con una maquinaria totalmente corrompida para establecer un poder verdaderamente autónomo, capaz de velar con firmeza por los derechos de todas las personas, especialmente de las y los trabajadores, y ciudadanos vulnerables. Este cambio aspira a terminar con el paradigma de un sistema judicial históricamente vinculado a intereses económicos y políticos particulares, promoviendo una administración de justicia más transparente y comprometida con el bienestar verdadero y colectivo.
Uno de los grandes retos que enfrenta esta transformación histórica es el nivel de participación ciudadana que se espera en la elección del 1º de junio de 2025; cuando por primera vez en nuestra historia el pueblo elegirá de forma directa a jueces, magistrados y ministros. El Instituto Nacional Electoral ha estimado que la participación puede rondar entre 8 y 15 por ciento del padrón, cifra alarmante, si consideramos la trascendencia del momento que vivimos.
Este ejercicio democrático es único y profundamente transformador: el Poder Judicial dejará de ser una élite cerrada para abrirse a la voluntad del pueblo. Sin embargo, factores como la falta de precedentes y la limitada información pueden disminuir la participación. Justo ahí se vuelve aún más urgente que cada ciudadana y ciudadano comprenda el poder que tiene su voto para renovar una institución que por años estuvo al servicio de unos cuantos.
La historia no se escribe sola: la escriben los pueblos en el atrevimiento de participar. Esta elección es una oportunidad inédita para construir y consolidar un sistema comprometido con la justicia, la legalidad y los derechos de las y los trabajadores y de todo el pueblo de México. Es necesario entender que esta reforma es más que un cambio estructural, pues invita a toda la sociedad a participar activamente en la construcción de un contexto judicial más justo y equitativo. El llamado es claro: participar con responsabilidad y compromiso por la justicia implica estar informados, exigir transparencia y actuar en defensa de los derechos fundamentales de cada individuo.
En este sentido, la reforma judicial es, por un lado, una oportunidad para fortalecer el estado de derecho y, por otro, un momento clave para consolidar una democracia en la que la justicia sea un pilar indestructible. Es hora de mirar hacia adelante con esperanza y determinación, sabiendo que un Poder Judicial autónomo y comprometido con la equidad es fundamental para el desarrollo integral de nuestro país. La invitación está abierta: construyamos juntos un futuro donde el cumplimiento de la ley no sea un ideal lejano, sino una realidad accesible para todas y todos los mexicanos. Es el momento de salir, votar y formar parte de esta transformación. La justicia ahora está en manos del pueblo: que no nos falte nadie.
