al vez el problema más difícil de resolver en el ámbito de las políticas sociales del presente gobierno es el tema relacionado con la salud. Es así por varias razones históricas y del manejo que se dio al sector en el sexenio pasado. La gran promesa a partir de 2018 fue universalizar el acceso gratuito a los servicios de salud y los medicamentos del sector público. Este acceso podría ser para los asegurados por medio de la seguridad social pública (IMSS e Issste, principalmente). Para facilitar el acceso al resto de la población se decidió federalizar los servicios de salud, quitándolos a los gobiernos estatales que así lo concedían. Para la federalización se creó el organismo autónomo descentralizado Insabi (Instituto Nacional de Salud para el Bienestar), que además se encargaría de comprar los medicamentos a todo el sector público después de que la Secretaría de Hacienda fracasó en esta tarea.
Simultáneamente se redujo la Secretaría de Salud dejándola con una sola subsecretaría transfiriendo casi todas sus funciones a la subsecretaría de Promoción y Prevención, que en realidad casi exclusivamente se dedicó a la pandemia. En un intento de salvar la situación adversa se desapareció al Insabi y se sustituyó con el OPD IMSS-Bienestar. Éste no debe confundirse con el Programa IMSS-Bienestar, que pertenece al IMSS ordinario. Pero el principal problema era la incompetencia de los encargados a sacar adelante el proyecto –el secretario Jorge Alcocer y el director general del Insabi, Juan Ferrer–. De allí, el papel crucial del maestro Zoé Robledo como presidente de su junta directiva del OPD en el periodo anterior.
A últimas fechas el actual gobierno ha tomado varias iniciativas para recuperar y fortalecer a la Ssa. El primer paso fue el nombramiento de un secretario con amplia experiencia administrativa y clínica como director del Instituto Nacional de Nutrición, el doctor David Kershenobich. Asimismo, se rescató la estructura original de la Secretaría de Salud, básicamente para devolverle su papel rector del sistema de salud mexicano, público y privado. Este rescate se acompañó de la devolución del papel de compilador de las necesidades de insumos médicos del sector público a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, aunque Birmex quedó a cargo de las compras y así es en buena medida responsable de los retrasos en las entregas. Además, recientemente la Ssa ha introducido protocolos obligatorios en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes, que corresponden a un alto porcentaje de la mortalidad en México. Con ello pretende sustituir las largas guías clínicas.
Adicionalmente ha lanzado junto con la Secretaría de Bienestar visitas domiciliarias a los adultos mayores para hacer un diagnóstico población de este grupo de edad, con la intención de hacer visitas periódicas de seguimiento y entrega de medicamentos. Una iniciativa semejante se está instrumentando junto con la Secretaría de Educación en las escuelas primarias para corregir nuestro poco prestigioso récord mundial de obesidad infantil con medidas específicas para lograr una dieta y vida más sana de niñas y niños.
La última iniciativa de importancia es incrementar la influencia de la Secretaría en la junta directiva del OPD IMSS-Bienestar, disminuyendo el papel del IMSS con la disminución de los integrantes del IMSS ordinario. Es de justicia señalar que sin el apoyo decidido del IMSS ordinario es poco probable que el OPD hubiera avanzado como logró hacer.
Como se puede observar, hay una clara línea de acción de la Secretaría con perfil de la medicina clínica, o sea, diagnosticar y tratar. Consiste en recuperar poder para la Secretaría; simplificar y unificar acciones obligatorias en el sector público y privado; supuestamente incrementar la inversión en infraestructura; realizar más trabajo intersectorial; apostar por las acciones preventivas y a la promoción.
No obstante, hay una maraña de legislación muy difícil de aplicar; hay un deterioro de los servicios después de décadas de abandono; la cultura de salud, tanto de los profesionistas y políticos, como de la población, es profundamente medicalizada; las indicaciones de funcionarios de alto nivel sin una clara comprensión o experiencia en qué condiciones se encuentran los servicios de salud, difícilmente son aceptados por lo(a)s trabajadores en su trajín cotidiano. Ojalá se pueda avanzar rápidamente, porque la que sufre en carne propia el deterioro de los servicios públicos es la propia población a cuál nos debemos.
