Chalco, Méx., A unas horas de la audiencia donde se decidirá si procede la vinculación a proceso de Carlota N y sus hijos, que presuntamente privaron de la vida a dos personas que invadieron su casa, se divulgó un video en el que se muestra que antes de la agresión, les pidieron que la desalojaran.

El pasado 1º de abril, la mujer de la tercera edad y sus hijos Eduardo N y Mariana N, ultimaron a dos hombres e hirieron a un menor en la vivienda en la unidad habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, comunidad Candelaria Tlapala,

En la grabación de cinco minutos y 15 segundos de duración, se observa cómo Carlota y su familia no sólo denuncian el despojo de la propiedad, sino también el robo de muebles y dinero en efectivo, y les piden que acudan al Ministerio Público para solucionar la situación.

Los ocupantes (ahora fallecidos) aseguran que la vivienda se las rentaron, que tienen documentos y pagaron 10 mil pesos, por lo que no pueden desalojar, si no quién les devolverá ese dinero.

Mariana dice que tiene documentos que la acreditan como dueña y les advierte que desde el 27 de marzo hay una denuncia ante el Ministerio Público.

Precisa que tiene seis días que los demandó por meterse a su propiedad, donde además le robaron una recámara, un comedor y 70 mil pesos.

Esaú –ahora occiso– niega la acusación y exige pruebas, y Eduardo responde: qué más pruebas quiere si están dentro de la vivienda.

Mariana, se escucha en el video, insistía: mi recámara valía 20 mil pesos, el comedor 16 mil, tengo la factura, lo que yo le explicó, señor (Esaú), es que esta propiedad es mi casa, yo soy la dueña.

Sin embargo, el hombre quien después fue asesinado, insiste en que ellos deben demostrar ser los dueños, porque su hijo Justín (quien también murió) tenía una hoja que demuestra que arrendaron la casa.

La tensión aumenta cuando pone en duda que Mariana y su familia sean los dueños. Y ante la exigencia, no aceptan desalojar la casa: “Cómo me voy a salir y quién me va a pagar el dinero que di. No es mi culpa, ‘tampoco mía’, inquiere Justín.

En vida, las víctimas exigen 10 mil pesos para desalojar, pero Carlota y su familia se niegan y les advierten que por las buenas o las malas van a recuperar su casa.