México es país que acumula más casos de acciones urgentes por ausencias ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con datos del propio organismo, entre 2012 y el 9 de septiembre de 2024 México registra 681 medidas urgentes en la materia, por encima de Irak, que en ese mismo periodo ocupó la segunda posición con 608 peticiones.

Una medida urgente es una petición que el CED hace al Estado para que tome inmediatamente todas las acciones necesarias con el fin de buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida y para investigar el hecho.

Ante ese panorama, la organización civil IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expresó su preocupación por la respuesta del Estado mexicano al rechazar que esta práctica sea sistemática y generalizada, como lo advirtió el presidente del CED, Oliver Frouville.

“Desde las organizaciones hemos documentado casos de desapariciones desde la llamada guerra sucia (en los años 70 y 80 del siglo pasado); también, cuando se incrementó esta práctica en el gobierno de Felipe Calderón, por la guerra contra el narcotráfico, y a la fecha. Es un tema transexenal, que no corresponde exclusivamente a un gobierno”, afirmó el director de IDHEAS, Juan Carlos Gutiérrez.

El viernes pasado, durante la clausura del 28 periodo de sesiones del CED, se informó que por primera vez ese organismo iniciará un procedimiento contra México, que podría llegar a la Asamblea General al considerar que en el país se registran desapariciones de manera general o sistemática. Así, se solicitará información al gobierno mexicano.

Gutiérrez indicó que organizaciones y colectivos de víctimas hemos documentado desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en Veracruz y Nayarit, donde se han identificado patrones sistemáticos y generalizados de actuación que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Lamentó que en lugar de asumir las observaciones del CED con responsabilidad, el Estado ha optado por negarlas, debilitando la voz de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Exhortó al Estado mexicano a adoptar una postura coherente con sus obligaciones internacionales abriendo paso a la colaboración efectiva con los mecanismos de supervisión de derechos humanos.

La apertura del procedimiento ante el CED es una oportunidad para construir, entre todos los actores involucrados, verdaderas acciones frente a una crisis de esta magnitud. Sólo el reconocimiento del problema, la voluntad política y la cooperación permitirán avanzar hacia soluciones estructurales, planteó Gutiérrez.