Expertos en seguridad y crimen organizado subrayaron ayer la importancia de que el gobierno de México responda a las exigencias de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas con una demanda contundente para detener el flujo de armas ilegales hacia territo-rio mexicano.

En una sesión del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, Javier Shütte, socio fundador y vocero de [Des]arma México, destacó la relación directa entre el tráfico de drogas y el de armas, y enfatizó que la infraestructura criminal financiada con el narcotráfico se expande hacia otras actividades delictivas, lo que fortalece a los grupos criminales que adquieren armas en Estados Unidos con dinero obtenido por la venta de drogas.

Shütte resaltó que 74 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos, según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia estadunidense. Además, 80 por ciento de los homicidios vinculados con el crimen organizado en nuestro país se perpetran con armas de fuego.

El especialista destacó que, así como Washington exige a México detener el tráfico de drogas, el gobierno mexicano debe insistir en que se tomen medidas efectivas para frenar el flujo de armas ilegales desde el norte.

Por su parte, Eduardo Guerrero, analista de Lantia Intelligence, abordó la orden del presidente estadunidense Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Advirtió que esta medida podría derivar en sanciones a empresas que han facilitado el tráfico de armas a México, lo que afectará a la propia industria armamentista del país vecino.

Cambios en los cárteles

Guerrero destacó que la designación de los cárteles enfrenta dos grandes obstáculos. Primero, varias de las organizaciones criminales que Washington considera incluir, como el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, han cambiado radicalmente su estructura o han dejado de existir en su forma original. En el caso del cártel de Sinaloa, las pugnas internas han fragmentado a la organización en numerosas células, dificultando su identificación como grupo cohesionado.

El segundo problema radica en que la declaración obligaría a la Casa Blanca a sancionar a actores internos involucrados en la venta y distribución de armas, incluyendo a grandes corporaciones, legisladores y gobiernos estatales en Texas, Arizona y Nuevo México. Al investigar a fondo, Estados Unidos podría descubrir su propia implicación en el problema, con el potencial de generar una crisis política interna, señaló Guerrero.