Nueva York y Washington. El presidente Donald Trump ordenó la anulación de la ley que prohíbe el soborno en otros países de empresas estadunidenses, alegando que la medida anticorrupción interfiere injustamente con los negocios de su país en el extranjero, sólo una de decenas de órdenes, algunas de las cuales podrían estar provocando una crisis constitucional.

El torbellino de órdenes ejecutivas, nuevas medidas, iniciativas y hasta asaltos sobre agencias del Poder Ejecutivo en sus primeras tres semanas en la Casa Blanca, está asombrando a las cúpulas políticas, económicas y mediáticas del país, justo el objetivo de Trump y sus estrategas.

Estamos en medio de una crisis constitucional ahora mismo. Ha habido demasiadas acciones inconstitucionales en los primeros 18 días de la presidencia Trump. Nunca hemos visto algo parecido, comentó Erwin Chemerinsky, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, Berkeley, al New York Times.

Y el desafío del Ejecutivo al Poder Judicial es abierto y explícito. El vicepresidente JD Vance declaró esta semana que los jueces no tienen permitido controlar el poder legítimo del Ejecutivo, comentario que desató un debate sobre el tema, con algunos señalando que el papel de los tribunales es justo definir qué es poder legítimo y qué no.

Más aún, la Casa Blanca reitera que todo lo que hace es legal, y expresa la voluntad del pueblo, negándose a reconocer límites y normas anteriores. Incluso, el lunes un juez federal declaró de manera explícita que la Casa Blanca violó y está desafiando su orden anulando el congelamiento de miles de millones en fondos gubernamentales ya asignados. Pero la Casa Blanca está preparada para continuar estas disputas, esperando prevalecer en algunas, ya que considera que tiene de su lado la última instancia judicial del país: la Suprema Corte.

La vocera de la Casa Blanca rechazó que Estados Unidos esté en una crisis constitucional. La verdadera crisis es la que está ocurriendo en nuestra rama judicial, donde jueces de tribunales de distrito y distritos liberales del país están abusando de su poder para bloquear de manera unilateral la autoridad ejecutiva básica del presidente Trump, argumentó Karoline Leavitt.

El torbellino de órdenes, casi todas las cuales ya son parte de disputas legales en lo que es un intento sin precedente para ampliar el poder presidencial, desde el despido masivo de trabajadores y funcionarios federales, echando a jefes de varias agencias, el congelamiento de fondos federales, el ingreso de personas no autorizadas a sistemas cibernéticos que manejan las nóminas e información personal de millones de burócratas, la anulación del derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, persecución personal de investigadores y fiscales federales y hasta amenazas contra disidentes, entre otras.

Por ejemplo, tan pronto como fue instalada la nueva procuradora general, Pam Bondi, un puesto que también controla el Departamento de Justicia, emitió 14 órdenes, incluida una para abrir una indagatoria contra quienes se atrevieron a investigar a Trump en los últimos cuatro años, otras para asegurar lealtad plena a la agenda del mandatario, entre otras, además de restaurar la pena de muerte a nivel federal. Vale recordar que ese departamento ya despidió a casi todos los fiscales que trabajaron en los casos criminales contra Trump y también los que llevaron a cabo las acusaciones y juicios de los cientos de acusados en el asalto del Capitolio instigado por el ahora presidente.

El gran asalto de Musk

Pero es el hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien como encargado de eficiencia gubernamental, en un puesto inventado por el presidente, está encabezando algunos de los asaltos más espectaculares del gobierno federal, literalmente clausurando las oficinas de Usaid, enviando a su equipo personal a tomar el control de sistemas cibernéticos del Departamento del Tesoro y aquellos burócratas que no obedecieron sus órdenes fueron suspendidos, y nadie parece saber si estas acciones son legales o no.

En una presentación sin equivalente el martes, Musk apareció al lado del escritorio del presidente en la Oficina Oval –con Trump sentado ahí– para justificar lo que estaba haciendo como un esfuerzo de transparencia y con el fin de restaurar la democracia al combatir lo que, afirmó, es corrupción en varias partes del gobierno, sin ofrecer pruebas. Mientras, el funcionario continúa –igual que su jefe– operando como empresario sin respetar lo que hasta ahora era un norma sagrada de evitar conflictos de intereses entre su función en el gobierno y sus negocios privados. Acababa de intentar comprar una empresa de inteligencia artificial.

Con su ahora aparente Poder Ejecutivo sin límites, y de estar literalmente al lado del mandatario desde su inauguración hasta la fecha, observadores siguen tratando de calcular qué tanto poder tiene Musk. La semana pasada, la portada de la revista Time fue una imagen de Musk sentado en el escritorio presidencial.

Esa mezcla de negocios y política no es nada nuevo, obviamente, pero nunca había sido tan explícito. Tal vez por ello, no extrañó que entre las decenas de normas, como agencias que regulan las relaciones industriales, laborales, ecológicas y de equidad racial y de género, que el nuevo gobierno está anulando o desmantelando, Trump ordenó el lunes frenar la aplicación de una ley antisoborno de 1977. Esa ley prohíbe que ejecutivos o representantes de empresas que operan en Estados Unidos ofrecezcan dinero o regalos a funcionarios extranjeros a cambio de contratos en sus países; la pena es hasta de 20 años de prisión. Al firmar la orden ejecutiva, Trump afirmó que esto implicará mucho más negocio para Estados Unidos.

También hay cosas que detona la nueva presidencia que, aunque supuestamente son asuntos serios de política del superpoder mundial, provocan risa (pero algo trágica). Por ejemplo, el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, comentó en entrevista con Politico que la nueva política hacia el hemisferio occidental no es agresiva, como lo de retomar el Canal de Panamá o mayores acciones contra Cuba, sino que es un expansionismo no imperialista.

A la vez, continúa la ofensiva contra medios que no respeten las órdenes. La agencia de noticias Associated Press –la más grande del mundo– informó que a uno de sus corresponsales en la Casa Blanca le fue negado el acceso a un acto de Trump el martes como castigo porque la agencia se niega a emplear el nombre de Golfo de América.

El esfuerzo masivo en múltiples frentes desatado por el nuevo presidente y su equipo desde hace 21 días para rehacer al gobierno federal en su propia imagen procede a toda velocidad, y nadie sabe, por ahora, cuáles serán las consecuencias en el futuro próximo de la crisis constitucional, ni si eso se convertirá en una crisis política.