En seguimiento a la estrategia legal para frenar el tráfico ilícito de armas, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo una reunión de trabajo en Washington con Jonathan Lowy y el abogado Steve Shadowen, representantes de Global Action Against Gun Violence. Ambos forman parte del equipo que representa a México en las demandas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos.

De acuerdo con la SRE, Arrocha viajó a la capital estadunidense por instrucción del canciller Juan Ramón de la Fuente para supervisar la preparación de la audiencia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en la Corte de Estados Unidos, en la que el máximo tribunal determinará si las empresas demandadas pueden o no gozar de inmunidad legal, a pesar de que sus prácticas facilitan el tráfico ilícito de armas hacia México.

Además, el equipo discutió la estrategia del litigio en Arizona, el cual ha avanzado a una nueva fase de recolección de evidencia favorable a nuestro país.

México presentó su primera demanda en 2021 ante una corte federal en Massachusetts contra ocho fabricantes y distribuidores de arsenal, con el argumento de que su negligencia contribuye a la violencia en territorio nacional. En 2022, el gobierno interpuso una segunda querella en Tucson, Arizona, dirigida contra cinco tiendas que presuntamente venden armas con pleno conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado.

Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, alrededor de 200 mil armas son traficadas ilegalmente a México cada año. Este flujo, advierte el gobierno mexicano, es resultado de prácticas comerciales negligentes por parte de fabricantes y vendedores.