El equipo de defensoras del caso Ernestina Ascensión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) calificó ayer como lamentable la posición del Estado mexicano de no reconocer hechos plenamente probados en el caso de la mujer nahua de la sierra de Zongolica, como el violento ataque sexual perpetrado por soldados del Ejército en un paraje a apenas 300 metros del campamento militar instalado por la 63 Brigada de Infantería en la comunidad de Tetlalzinga el 23 de febrero de 2007.

Dijeron también que esperan que el Estado reconsidere su respuesta de allanarse parcialmente a la acusación que se le hace desde este tribunal internacional.

Ayer, durante la audiencia citada por la Coridh, el representante del Estado mexicano Pablo Arrocha Olabuenaga puntualizó varias de las reservas del gobierno respecto a lo que las víctimas y la Comisión Interamericana demandan de la Corte. Una de ellas deslinda a los militares de cualquier responsabilidad.  Dijo: No existen indicios ni en el proceso ni en la investigación de la CNDH que haya individualizado la participación de agentes estatales, e insistió en que es a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz a la que corresponde determinar si participaron actores del Estado.

Lo único que sí se reconocerá es su responsabilidad internacional en la violación de las garantías judiciales y el derecho a la salud.

Interrogado por uno de los jueces si podía informar a la Corte cuál era el estado de avance de la carpeta de Ernestina Ascensión en dicha fiscalía, Arrocha tuvo que responder que no sabía.

Los dichos del consejero jurídico de la cancillería fueron rebatidos por las representantes legales de la familia en la conferencia de prensa en Costa Rica, en la que participaron Patricia Benítez, del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara; Elizabeth Guevara Mitzi, de la organización Kalli Luz Marrina; Angelita Baeyens, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Norma Don Juan, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami).

Fueron los soldados, dijo la víctima

Hay elementos suficientes para poder revertir el argumento de la no vinculación de agentes del Estado con la violación, aseguró Elizabeth Guevara, mientras que Patricia Benítez citó como un ejemplo central lo que la hija de Ernestina le escuchó decir a su madre cuando la encontró tirada bocabajo en un paraje de su pueblo el día del ataque. Lo ha repetido innumerables veces: “Fueron los soldados, mi’ja. Me atacaron, jugaron con mi honra de mujer. Me taparon la boca”.

Por su parte, Norma Don Juan lamentó que la narrativa de los representantes del actual Estado mexicano sea muy similar a la que sostenía hace 18 años el gobierno de Felipe Calderón en los asuntos de fondo. “No hay mucha diferencia –dijo–, así como no hay diferencias en las violencias que siguen sufriendo las mujeres y los pueblos indígenas de México”.

Por ello y más allá de saldar la deuda pendiente con la familia Inés Ascensión, el hecho de que este caso haya llegado a la Corte Interamericana es emblemático para la verdad y la justicia, pero también por la repercusión que va a tener en la vida de las mujeres y los pueblos indígenas.

En 2007, los peritos de la fiscalía veracruzana y la CNDH, que entonces dirigía José Luis Soberanes, desvirtuaron la traducción del náhuatl expresado por Marta Inés y sostuvieron que había dicho: Los soldados me espantaron, ya no puedo hablar.

En la audiencia del jueves, Marta Inés volvió a ofrecer su testimonio ante los jueces. “Pero, además –insistieron las defensoras– hay muchos elementos más de prueba”.

Sin sorpresas

A las representantes de las víctimas de la sierra de Zongolica no les sorprendió la respuesta del Estado mexicano, ya que el año pasado ya había puntualizado su postura en escritos previos donde planteaba todas esas reservas. 

Además de no admitir la responsabilidad de los soldados y el hecho de la violación sexual con extrema violencia como causa de muerte, el Estado mexicano no admite tampoco los montos de las indemnizaciones que solicitan las víctimas por considerarlas fuera de los criterios de esta instancia.

También establece que sea la misma fiscalía veracruzana la que continúe con la investigación penal. Este expediente fue reabierto en 2020 por disposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador después de una audiencia de la CIDH en Washington, en la que la representación del Estado mexicano tuvo una actuación muy pobre, según se recuerda.

“Es lamentable. Es la misma autoridad que violó los derechos de la verdad y la justicia de la familia Inés Ascensión la que va a continuar y tendría que dar las respuestas.

Nosotros pedimos que se haga una investigación transparente con peritos independientes, ya sea en la Fiscalía General de la República o con una fiscalía independiente”.

De todas maneras, al margen de lo que decida el gobierno mexicano, el proceso ya está en curso en un tribunal internacional y tiene que llegar a una sentencia por lo que el Estado hizo y por lo que no hizo.

El caso de Rosario Ascensión llegó a la Coridh a partir de la falta de respuestas sustantivas y suficientes a la recomendación que antes hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en agosto de 2023). Ello generó una nueva recomendación de la CNDH, que pedía a la fiscalía veracruzana profundizar en la investigación.

En la conferencia de prensa, las tres activistas confirmaron que la actual comisionada de Derechos Humanos, Rosario Piedra, citó en abril de 2021 a los hijos de Ernestina Ascensión y les pidió que ya no continuaran con la demanda en la Coridh.

Quisieron sorprender a la familia de que ahora sí venía la buena (en la FGJE) y no era necesario pasar a la jurisdicción de la Corte, explicó Patricia Benítez.

En otro momento de la audiencia del jueves, uno de los jueces le pidió al representante del Estado mexicano información estadística sobre los casos de violaciones de otras mujeres indígenas en los últimos años. Ninguno de la delegación gubernamental pudo responder.

“Con ese silencio –dijo Norma San Juan– queda evidenciado que siguen haciendo falta datos sobre la violencia que continúan sufriendo las mujeres indígenas, a pesar de que se han generado instituciones, alertas y otras medidas más. Seguimos sin ser reflejadas en la información”.