Cualquier tipo de diálogo con las organizaciones criminales es un espejismo y siempre, siempre sale mal, pues la responsabilidad de las autoridades es combatirlas –con respeto a los derechos humanos– para proteger a los ciudadanos, subrayó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante su intervención de ayer en la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados –donde fue recibido como una celebridad, e incluso con gritos de ¡guapo! por parte de algunas legisladoras)–, el funcionario aseguró que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se privilegian la investigación y la inteligencia contra los grupos delincuenciales, por encima del uso de la fuerza.

Asimismo, destacó que la estrategia de atender las causas de la violencia, iniciada en la administración de Andrés Manuel López Obrador, debe correr de forma paralela con la realización de operativos para detener a presuntos criminales, pues los delitos no bajan si no detenemos a quienes los cometen.

Ante los diputados morenistas, García Harfuch expuso los cuatro ejes del plan de seguridad de este gobierno, el primero de los cuales es la atención de las causas estructurales de la violencia, que permite reducir las desigualdades y generar oportunidades.

El segundo es el relativo a la consolidación de la Guardia Nacional, que al haber pasado al mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá la oportunidad de experimentar un desarrollo estable.

Indicó que el tercer punto de la estrategia se refiere al fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Subrayó que con las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados se dieron facultades de investigación a la SSPC, lo cual se traducirá en la disminución de los índices delictivos.

El cuarto eje, añadió, es la coordinación al interior del gabinete de seguridad (formado por la SSPC, la Defensa, la Semar y la FGR), pero también entre éste y las policías estatales y las fiscalías locales.

Como resultado de dicha política de coordinación, expuso, en los cuatro meses del actual gobierno se han detenido más de 10 mil personas por delitos de alto impacto, se han decomisado más de 90 toneladas de droga y se han asegurado más de 5 mil armas de fuego, lo cual se traduce en una reducción de los recursos económicos en manos de los grupos criminales.

En ese contexto, hizo énfasis en que cualquier tipo de diálogo con las organizaciones criminales es un espejismo. Siempre, siempre sale mal. La autoridad tiene la responsabilidad de combatir, obviamente siempre con respeto a los derechos humanos, a todas las organizaciones criminales con una finalidad: proteger a los ciudadanos del país.