En México hay 3 mil 630 personas centroamericanas privadas de libertad y cerca de 80 por ciento son originarias de Honduras y Guatemala. Durante casi ocho años, Juanita Alonzo, acusada de secuestro, formó parte de esa estadística; al cumplirse dos años de su liberación, agrupaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentaron el informe La criminalización de personas migrantes en México, el caso de Juanita Alonzo y su búsqueda por la libertad.

Octavio Amezcua, de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), sostuvo que el análisis indica que a mayor vulnerabilidad son más las posibilidades de sufrir abusos en el sistema de justicia penal, y la población migrante es particularmente vulnerable, por lo que es mucho más factible que sufra abusos que van desde tortura a la falta de respeto en salvaguardas durante la detención.

Comentó que cuando ONU-DH se involucró en el caso encontramos en el expediente versiones absurdas de la acusación, y un elemento relevante fue la intervención del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el cual se pronunció y con ello quedó claro que Juanita pasó por una detención arbitraria.

El informe, del Centro Prodh, el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana, Promotores de la Liberación Migrante y Data Cívica, resalta que las personas migrantes son sistemáticamente más agredidas al enfrentar una detención.

Expone que a 13 y 18 por ciento de las personas privadas de la libertad de Estados Unidos y de México, respectivamente, se les detuvo con una orden de aprehensión, pero sólo 7 por ciento de los migrantes centroamericanos tuvo esa orden.

Además, a 11 y 15 por ciento de los mexicanos y estadunidenses se les detuvo después de una inspección de su cuerpo o pertenencias, pero en el caso de migrantes de Centroamérica, sube a 17 por ciento, según la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.

Margarita Núñez, coordinadora del Prami, señaló que la guatemalteca de origen chuj busca la reparación del daño y obtención de medidas de acceso a la justicia tras las violaciones a los derechos humanos de que fue víctima, y el Instituto Federal de la Defensoría Pública continúa con su representación legal, pero lamentablemente persisten obstáculos para que acceda a la justicia de manera íntegra.

Añadió que en casos como el de Juanita se da la intersección entre las fallas estructurales que hay en los procedimientos de persecución del delito, investigación y procuración de justicia, lo que se suma a una política migratoria planteada desde un enfoque de seguridad nacional y que percibe a los migrantes como una amenaza a la seguridad.

Juanita fue liberada el 21 de mayo de 2022, después de que la Fiscalía de Tamaulipas presentó un incidente por desvanecimiento de datos.