En un nuevo video difundido por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) la instancia expuso que en años recientes han fallecido al menos 26 probables responsables de los hechos y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República.

Subrayó que mientras se liberaron a imputados por considerarse víctimas de tortura, la entonces Procuraduría y el Poder Judicial no persiguieron a los torturadores.

Aunque en las calles se sabe desde hace años, ahora se reconoce desde el gobierno: Ayotzinapa fue un crimen de Estado, se indica en el video difundido ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

También se recalca que una de las evidencias más contundentes, que ilustra la participación clara de las instituciones y facultada por la PGR, es la ruta que siguió el llamado quinto autobús.

Los estudiantes de la normal rural, durante los hechos de 2014, buscaban trasladarse a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre, por lo que tomaron varios autobuses “sin saber que, uno de ellos, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada ‘verdad histórica’, provocaría una reacción violenta de grupos criminales y autoridades, pues contenía droga o dinero ocultos”.

Después de que los estudiantes desaparecieron, cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para abrirle pasó a ese camión en todos los retenes que encontró hasta salir de Guerrero.

A la par, se agrega que las acciones del Estado no se reducen solamente a ese día, ya que las familias de las víctimas enfrentaron a una clara obstrucción en su acceso a la justicia por parte de la entonces Procuraduría y del Poder Judicial.

Cada una de las instancias hicieron lo contrario a su deber: complicaron el proceso dilatando y dividiendo expedientes, liberaron a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados, no persiguieron a los torturadores, desecharon pruebas obtenidas con colaboración internacional, descartaron el delito de desaparición con argumentos insostenibles, ordenaron destrucción de videos, entorpecieron las investigaciones y ocultaron la verdad.

No obstante, se pondera que la investigación seguirá avanzando y no habrá carpetazo.