Con la integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esa corporación quedaría bajo el mando de su titular, Luis Cresencio Sandoval, al mismo nivel que el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y los mandos territoriales militares, de acuerdo con el proyecto de reorganización de las fuerzas armadas. Mientras tanto, permanecen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) siete acciones, controversias y amparo que impugnan la militarización de la seguridad pública, aún sin fecha de resolución.

En el proyecto de reorganización de la Sedena, presentado a los altos mandos militares en mayo del año pasado, se prevé en su segunda etapa la incorporación de la GN como fuerza armada. En el organigrama incluido en el documento, esta corporación figura a la par que el resto de las armas del Ejército, junto con la leyenda la Sedena ya ejerce la coordinación operativa.

El plan original señala que, para llegar a este punto, en 2021 se promulgaría una reforma constitucional y en el año actual la legislación secundaria, que permitiría materializar las adecuaciones orgánicas y administrativas para, finalmente, pasar la revista de entrada de la GN como fuerza armada adscrita a la Sedena.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el 9 de agosto pasado que este cambio está siendo bloqueado por la oposición, por lo cual, anunció, se buscarían otras vías: Hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias.

Aún no se define si esta nueva vía sería mediante decretos o reformas de ley, pero mientras tanto, otras medidas similares, como la Ley de la Guardia Nacional, del 27 de mayo de 2019, o el acuerdo presidencial para permitir a las fuerzas armadas actuar en tareas de seguridad pública, del 11 de mayo de 2020, aún enfrentan impugnaciones que no han sido resueltas por la SCJN.

La principal fue planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la acción de inconstitucionalidad 62/2019, que impugna una docena de artículos de la Ley de la GN, ya que –afirma– incurre en omisiones como no tomar en cuenta la gravedad de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y desaparición forzada.

Los gobiernos de Michoacán y de los municipios de Colima, Colima, y Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, también interpusieron sendas controversias impugnando la posible invasión de sus facultades con el acuerdo presidencial de 2020.