Mientras organizaciones ambientalistas celebraron la próxima publicación de la modificación de la norma oficial 001 de la Semarnat en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, el sector industrial y el agropecuario manifestaron su rechazo, a pesar de que la regulación llevaba 25 años de no actualizarse. Entre los argumentos de los empresarios están que se deberán destinar recursos para modificar las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Decenas de organizaciones, entre ellas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Grupo Gema del Mayab, manifestaron en un comunicado que para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y al agua, consagrados en la Constitución, es necesario tener acceso al líquido libre de tóxicos y suficiente para los ecosistemas en los cuales incide esta normatividad.

Destacaron que la falta de actualización de la norma contribuyó, en gran medida, a los graves problemas de contaminación que actualmente afectan a los cuerpos de agua, acuíferos y ecosistemas nacionales, ya que los responsables de la contaminación, en el mejor de los casos, cumplían con parámetros obsoletos que estaban lejos del estándar más alto de protección de los derechos humanos.

La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento en un pronunciamiento señaló que no es viable su aplicación y para cumplir con ella se tiene que dar una reingeniería, rehabilitación, operación y mantenimiento de 3 mil 960 plantas de tratamiento, para lo cual se requieren 700 mil millones de pesos. Además dijo que no fueron consultados. Pidió no se publique hasta que haya un programa que haga viable su cumplimiento.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario consideró que esto afectará a los usuarios del agua, que tendrán que cambiar, de manera innecesaria, sus actuales plantas de tratamiento de aguas residuales con el propósito de alcanzar parámetros innecesarios.

En los comentarios enviados a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de José Ramón Ardavín, director de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, manifestó que para la puesta en marcha de las plantas, necesarias para cumplir con la nueva versión de la norma, se considera que se deberían de dar cinco años mínimo para que estas inversiones se efectúen, luego del desarrollo de su ingeniería, construcción y puesta en marcha.