El Instituto Nacional Electoral impuso una multa de 4 millones 691 mil pesos al PVEM y al PT, al confirmar irregularidades en el reporte de gastos de campaña de su candidato a gobernador por San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Después de acreditar que no informaron sobre algunos gastos, subvaluaron egresos y recibieron dinero de entes prohibidos, se incorporaron estos nuevos reportes, a pesar de lo cual dijo que no hubo rebase de topes de gastos de campaña.

Durante la sesión del Consejo General, a petición de diversos partidos se retiraron del orden del día dos temas centrales: el expediente del PT en el que se confirmó el desvío de recursos públicos destinados a la operación de los Centros de Atención Infantil para financiar actividades partidistas, por un monto de 59.4 millones de pesos, y el presunto financiamiento irregular de la campaña de Delfina Gómez (actual secretaria de Educación Pública) en el estado de México.

La consejera Adriana Favela resumió el conjunto de irregularidades del gasto de campaña de Gallardo denunciados por el PAN: subvaluación del monto real de los gastos, omisión de algunos egresos y recepción de dinero por un ente prohibido (el sindicato del Colegio de Bachilleres), entre otros.

Esto detonó un áspero intercambio de descalificaciones entre los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón, y del PVEM, Marco Antonio Gómez Alcántar. Para el panista, el dictamen no reflejaba el derroche de egresos de Gallardo ni la pretensión de ocultar otros gastos. Para el PVEM, el INE no investigó exhaustivamente el informe de egresos. Las posturas encontradas detonaron altisonantes descalificaciones.

Por otro lado, se aprobó la reintegración de las presidencias de las comisiones del INE. La propuesta original motivó la inconformidad de Carla Humphrey, quien se había quedado sin presidir ninguna, por lo que cuestionó los mecanismos de designación. Tras un debate, se realizaron ajustes a fin de que se le designara como titular de la Comisión de Organización. De igual forma, se conoció el informe de la actuación del INE en el proceso sobre el contrato laboral en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.