El caso de enriquecimiento ilícito en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, será reabierto por orden judicial.

El juez de control del centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenó revertir la decisión del pasado 15 de junio, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), decidió que no había elementos para actuar contra el magistrado. Esta determinación fue apelada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que logró ser reconocida como denunciante y por tanto como parte con interés legítimo en el caso, lo cual le dio facultades para impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal de la FGR.

Luego de estudiar la queja de la UIF, el juez Fuerte Tapia determinó que la FGR no actuó con exhaustividad para agotar todas las líneas de investigación y ordenó reabrir el caso para que se analicen todos los indicios de prueba aportados por la unidad de inteligencia.

El caso inició el año pasado, cuando la UIF anunció que detectó movimientos por 36.5 millones de pesos en las cuentas bancarias de Vargas Valdez, que excedían sus ingresos legales como funcionario público.

Estos movimientos estuvieron relacionados con gastos extraordinarios para el pago de tarjetas de crédito y compra de inmuebles, entre 2013 a 2019.

El magistrado argumentó que esta riqueza no le pertenecía a él, sino a su esposa, Mónica Bauer Mengel­ber, quien trabaja como ejecutiva en una refresquera trasnacional.

Luego de conocer la determinación de reabrir el caso, Vargas Valdez difundió un comunicado en redes sociales donde dijo que no comparte la opinión del juez, pero que respetará las decisiones del Poder Judicial.

Insistió en que, a su juicio, se encuentra plenamente acreditada la licitud de mi patrimonio y la plena correspondencia de mis ingresos y egresos antes y durante mi ejercicio como servidor público.

La decisión del juez de control ordena a la FGR reabrir la investigación contra Vargas Valdez, hasta agotar todos los indicios y desechar las acusaciones por falta de elementos o, si procede, judicializar el caso para que el magistrado sea sometido a juicio.

El aún presidente del TEPFJ señaló en su publicación: Mantengo en todo momento la plena disposición para colaborar con el Ministerio Público Federal y aportarle cualquier documento que me requiera referente a la total licitud de mi patrimonio y el de mi familia.

Más personas señaladas

Además de la impugnación contra la decisión del FGR, la UIF presentó una nueva denuncia en contra de seis personas, dos de ellas físicas y cuatro morales, vinculadas con el actual presidente del TEPJF, quien sigue un proceso de enriquecimiento ilícito y presuntamente, junto a las personas que han sido señaladas, operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.

La UIF también ha identificado transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachadas, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.