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Colombia exige garantías para sus ciudadanos implicados en el magnicidio de Haití
 
Periódico La Jornada
Sábado 31 de julio de 2021, p. 24

Bogotá. Colombia solicitó ayer a Haití suministrar asistencia jurídica y atención médica a los 18 ex militares detenidos en ese país acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Moïse fue asesinado a tiros en su casa el 7 de julio por un grupo armado, que incluía a 26 colombianos y dos haitiano-estadunidenses. Dieciocho colombianos fueron detenidos y otros tres fueron ultimados por la policía.

Las familias y amigos de los detenidos aseguraron a periodistas que fueron contratados como guardaespaldas, no como asesinos, mientras el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que algunos sabían del complot.

Me valgo de esta oportunidad para solicitar a su gobierno (...) la debida prestación de asistencia a nuestros connacionales, así como el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso, señaló en una carta que la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, envió al embajador de Haití en esta capital, Jean Mary Exil.

Ramírez aseguró que una misión consular que recientemente visitó Haití evidenció irregularidades en la detención y asistencia a los colombianos.

No han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso, aseguró la funcionaria, quien indicó que algunos de los colombianos sufrieron heridas al momento de ser detenidos y no están en condiciones humanitarias.

Ramírez pidió que se investigue y sancione a los autores de las conductas lesivas contra los colombianos.

Otro agente aprehendido

La Policía Nacional de Haití anunció ayer el arresto del agente William Moïse, como parte de la investigación del asesinato del presidente, con lo cual suman cuatro oficiales apresados por su presunta vinculación directa con el crimen.