El Gobierno de la Ciudad de México revisa los casos de todas las personas que se encuentran recluidas en los penales capitalinos por delitos no graves, sin sentencia, que han estado más de 10 años encerradas, torturadas o enfermas para que se proceda a su libertad, tal como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades señalaron que uno de los primeros casos a resolver es el de María Isabel San Agustín, indígena originaria de Hidalgo detenida en Milpa Alta, acusada y sentenciada a 65 años de prisión por el presunto delito de secuestro, pero quien, de acuerdo con lo documentado por la Comisión de Derechos Humanos local, fue torturada tras su detención.

Detallaron que el compromiso es agilizar todos los procesos para que pueda estar en libertad lo más pronto posible, por lo que se instruyó a la Consejería Jurídica actuar en consecuencia y ya se entablaron pláticas con los representantes del Tribunal Superior de Justicia local con el fin de acelerar todos los procedimientos.

Esta mujer está detenida desde 2011. Ya se pidió hacer la revisión del caso y se reiniciaron de nuevo los procedimientos, pero este proceso ha sido muy lento.

Las autoridades consideraron que, de acuerdo con la justicia mexicana, tal como lo establece la Constitución y todas las leyes que se desprenden de ella, las cárceles deben ser principalmente para que allí estén los infractores que cometieron delitos graves.

Tenemos un sistema penal acusatorio que da distintas opciones y, hemos mencionado en muchos casos, incluso desde que llegamos, bastantes reincidentes, incluso por un delito no grave, lo que debe proceder de una manera distinta y así está en el propio Código Penal de la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que es una injusticia que una persona, por no tener un abogado adecuado y no contar con acceso a la justicia lleve 10 años en la cárcel por un delito considerado no grave.

El pasado jueves, el presidente López Obrador anunció que emitirá un decreto para liberar de manera anticipada a víctimas de tortura, adultos mayores de 75 años y a personas recluidas por más de 10 años que no hayan recibido sentencia que sean presuntamente responsables de delitos del fuero federal, además de instar a los gobiernos estatales a promover medidas similares.