Avanza en el Senado la reforma constitucional que posibilita desa­hogar los procedimientos judiciales de forma digital, en situaciones de emergencia, como la que se vive por la pandemia del Covid-19

Es una modificación al artículo 19 de la Carta Magna que garantizará a los ciudadanos el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, precisó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres.

Explicó que la reforma fue aprobada ya por esa comisión y la de Estudios Legislativos Segunda y espera que en breve pase al pleno del Senado, ya que es importante que el Poder Judicial pueda hacer uso de las nuevas tecnologías, a fin de realizar vía digital parte de los trámites y procedimientos, como serían juicios en línea en todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes electrónicos.

Las medidas que han debido tomarse frente a la pandemia del Covid-19, dijo, derivaron en la disminución de actividades presenciales en la mayor parte de las dependencias del gobierno federal y en tribunales y juzgados, por lo que se debe avanzar seriamente en la creación de un sistema racional de justicia digital.

El senador Batres precisó que la reforma establece que los sistemas digitales deberán ponerse en marcha en el Poder Judicial de la Federación y en el de las entidades federativas, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como en los tribunales agrarios, laborales, electorales y administrativos de la Federación y de los estados.

Aclaró que incluir en el mandato constitucional este tipo de medidas no impone un estándar excesivo a las autoridades judiciales, sino que ayuda a consolidar los avances en esta materia y asegurar una sana evolución de sistemas jurisdiccionales basados en las tecnologías digitales.

Es una reforma, reiteró, que se aplicará de forma gradual. Incluye artículos transitorios que dan al Congreso de la Unión un plazo de 180 días a partir de la publicación de la reforma constitucional, para elaborar la legislación secundaria.

La reforma prevé que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito federal y sus equivalentes en las entidades federativas, deberán considerar los recursos presupuestales necesarios para la implementación progresiva de la justicia digital.