Santiago. La oposición chilena rechazó ayer el anuncio del gobierno para un Congreso constituyente que formule una nueva Carta Magna que sea ratificada en un posterior plebiscito, lo que se suma a los fallidos intentos por calmar el estallido social que ya lleva 25 días.

Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que en general tienen muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas.

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, afirmó ayer: nuestro camino no es la asamblea constituyente... pero debe ser con participación activa, en un virtual portazo a la exigencia de la oposición de que sea una asamblea elegida democráticamente la que redacte una nueva Carta Magna para luego disolverse.

El anuncio fue hecho la noche del domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión de Piñera con algunos ministros y parlamentarios de su coalición Chile Vamos. Agregó que el proceso tendrá amplia participación ciudadana.

El gobierno hizo ayer nuevos anuncios. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó de un acuerdo con la oposición que destrabó la discusión del presupuesto para 2020, que considera una rebaja del precio de las tarifas del transporte público para adultos mayores y medidas para reprogramar el financiamento a los estudiantes morosos de una deuda que miles universitarios contrajeron, con altos intereses, con la banca privada. La rebaja para los ancianos y la revisión de las deudas con la banca eran uno de varios puntos exigidos por años por la oposición.

La Constitución chilena se convirtió en el segundo texto más comprado la última semana, según el informe semanal del periódico El Mercurio.

La Constitución chilena, que privatizó los servicios básicos, creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo y consagró el libre mercado, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Carta Magna vigente dice que una reforma de su texto debe ser aprobada por los dos tercios de los congresistas.

Al atardecer, unas 2 mil personas se reunieron en una céntrica plaza de la capital, la misma que el 25 de octubre congregó a más de 1.2 millones de personas. La situación terminó como se ha hecho costumbre, con pequeños grupos de encapuchados que se enfrentaron con la policía, que a su vez dispersó a todos con chorros de agua y abundantes gases lacrimógenos.

El 18 de octubre un alza en la tarifa del Metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva Constitución.

En los comienzos de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso proyectos para rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11 mil dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.