Titulares de órganos autónomos acudieron a la sede del Congreso de la Ciudad de México, donde expusieron sus necesidades de mayor presupuesto y las problemáticas que enfrentan sus dependencias.

La encargada del despacho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Aída Patricia Arenas, aseguró que recibió una institución en estado administrativo opaco y desordenado. Manifestó que durante cuatro meses la universidad no pudo ejercer su presupuesto, pues no cuenta con la figura de un rector.

Los legisladores consideraron necesaria la realización de una reunión en fecha próxima para conocer a fondo cuál es el estatus real de la universidad, pues el diputado Jorge Gaviño dijo que se ha venido deteriorando dado los retrasos en obras que supuestamente ya se pagaron y no se ejecutaron.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Estela Fuentes Jiménez, solicitó 12 millones de pesos extra para pagar el retiro de siete magistrados quienes interpusieron amparos para exigir ese pago.

"Tarde o temprano nosotros tenemos que pagar esa cantidad porque es un derecho que les corresponde a los magistrados y somos responsables para el pago de esa cantidad tanto el Tribunal como el Congreso y la Secretaría de Finanzas".

En caso de no realizar el pago, la autoridad federal podría determinar, incluso, su propia destitución, advirtió.

Recordó que de acuerdo con la Ley Orgánica, la edad de retiro de los magistrados es a los 75 años, con lo que tienen derecho a su fondo de retiro.

La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Darlene Rojas Olvera, explicó por separado que la Secretaría de Finanzas le otorgó un techo presupuestal de 470 millones de pesos para el próximo año aunque solicitó a los diputados 490 millones de pesos.

En entrevista, informó que también son necesarios 280 millones de pesos para la creación de un centro de conciliación, pues recordó que las reformas a la Ley Federal del Trabajo ordenan la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje en el país.

Estos órganos tendrán que operar a más tardar en 2022, por lo que la Ciudad de México debe asignar recursos para cumplir con la ley lo más pronto posible.