Guadalajara, Jal., El gobernador Enrique Alfaro calificó tres veces de pillos y una de inmorales a magistrados y jueces que se oponen a la reforma al Poder Judicial en Jalisco aprobada a finales de septiembre pasado. Siete de ellos interpusieron amparos para evitar su destitución si no se someten a pruebas de control de confianza.

Seguimos viendo las reacciones de algunos magistrados y jueces pillos, inmorales, que siguen creyendo que pueden lucrar para siempre con su posición. Y luego se ofenden porque les digo que son unos pillos. Son unos pillos y no van a poder con la voluntad de la mayoría de los jaliscienses, afirmó el mandatario emanado del partido Movimiento Ciudadano.

Los dichos de Alfaro fueron una reacción al hecho de que el martes llegó al Congreso local la suspensión otorgada al magistrado Celso Rodríguez para evitar que se haga efectiva la reforma legislativa, que incluye la designación del titular del órgano que realizará pruebas de control de confianza a los funcionarios judiciales.

La suspensión 2280/2019 otorgada a Rodríguez por el juzgado 14 en materia administrativa, civil y del trabajo de Jalisco impide al Congreso y al mismo Poder Judicial designar al director del Centro de Control de Confianza; además, ordena que permanezcan las cosas en el estado que actualmente se encuentran y no se apliquen los artículos tildados de inconstitucionales de los ordenamientos que combate.

La enmienda causó inconformidad entre funcionarios judiciales, porque busca someter a jueces y magistrados a exámenes de control y confianza, y elimina beneficios como el millonario haber de retiro, entre otras prestaciones.

Desde enero pasado y ante la inminente reforma, el magistrado Esteban de la Asunción Robles anunció su salida del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, luego de laborar para el Poder Judicial por casi 36 años. Su previsión le hizo obtener un bono de retiro de 6.3 millones de pesos. Otros magistrados siguieron su ejemplo y se retiraron con bonos cuantiosos y pensiones de casi 2 millones de pesos anuales.

Al menos otros siete magistrados se mantienen en sus cargos, pero tramitaron amparos contra la reforma, tres de ellos, Arcelia García, Marcelo Romero García y Rogelio Assad, exigen que no se afecte su inamovilidad, aprobada en 2009.