La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma constitucional respecto de los requisitos para la designación de fiscal general de justicia, al negar que tenga como propósito que la actual titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, sea quien ocupe dicho cargo a partir del próximo año.

Consideró que lo aprobado por los diputados locales reserva los derechos de quienes aspiran al puesto, al eliminar una disposición que impedía a magistrados y legisladores participar en el proceso de elección.

También negó que se pretenda imponer un fiscal carnal en la ciudad, toda vez que el gobierno no interviene en esa decisión, la cual corresponde al Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, cuyos integrantes fueron electos por el mismo órgano legislativo.

No tiene que ver con la propia Ernestina (Godoy) directamente; en todo caso, si ella se quiere inscribir será el propio Congreso el que determine si es apta para cubrir la fiscalía general de la Ciudad de México o no, expresó.

En otro tema, Sheinbaum Pardo dijo no tener conocimiento de que haya una investigación contra los ex secretarios de Finanzas Édgar Amador Zamora y Julieta González Méndez, ni del primer comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra Laguna.

Elementos insuficientes

Al respecto, fuentes del gobierno capitalino señalaron que si bien los nombres de los ex funcionarios aparecen en una carpeta de investigación por probable desvío de recursos para la reconstrucción, hasta el momento no se cuenta con elementos suficientes para imputarles algún cargo.

En cuanto a la fiscalía general, la procuradura capitalina informó que en el nuevo modelo los agentes tendrán un nuevo rol de verdaderos detectives que utilicen la ciencia de la investigación, apoyándose en peritos y agentes del Ministerio Público que deberán convertirse en verdaderos fiscales, a fin de reforzar el análisis criminal.

En el Día Nacional del Ministerio Público, señaló que la atención de los delitos de bajo impacto será de forma diferenciada para identificar modus operandi que posteriormente ayuden a la desarticulación de pequeñas bandas delictivas que afectan a la ciudadanía en zonas específicas.