El grupo de trabajo que elaborará el nuevo protocolo de actuación con el que el Gobierno de la Ciudad de México pretende evitar el bloqueo de vialidades, está integrado por nueve activistas y académicos, así como por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, Nashieli Ramírez Hernández, el cual será coordinado por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la citada funcionaria dieron a conocer los nombres de quienes aceptaron participar en este proceso: el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo; el director del Programa de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Delgado Campos, y el director de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz Santiago.

También participan el presidente de la asociación Servicios y Asesoría para la Paz, Miguel Álvarez Gándara; la directora del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Laura Díaz de León; Aidé García Hernández, de Católicas por el Derecho a Decidir; las académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sandra Serrano García y Michelle Guerra Sastré, y el director de la Brigada Marabunta, Armando Miguel Barrera.

La titular del Ejecutivo local insistió en que no se va a criminalizar la protesta social y que el propósito de establecer un nuevo marco de actuación es conciliar los derechos a la manifestación y el libre tránsito. Se prevé que en 15 días esté listo el protocolo, y para su elaboración se tomará en cuenta la opinión de la ciudadanía para que sea un instrumento legitimado por la población.

Marca pauta la PGJ

En tanto, la titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, emitió la circular C/001/20, en la que instruye al personal de la dependencia a no estigmatizar y criminalizar cualquier tipo de activismo social en defensa de los derechos humanos que se realice en el marco legal.

Se trata, dijo, de respetar el principio de presunción de inocencia de las personas que ejerzan cualquier tipo de activismo social, político, cultural, de género y diversidad sexual que forme parte de una averiguación previa o carpeta de investigación.

Los servidores públicos deben evitar responsabilizar a una persona de un hecho ilícito que aún no se prueba, con lo cual se va más allá de lo solicitado por la Comisión de Derechos Humanos local en la recomendación 02/2018, afirmó.

El organismo recomendó a la procuraduría emitir una circular en la que se instruya y exhorte al personal a no criminalizar el activismo social, que es la expresión ciudadana individual o colectiva para impulsar, expresar, defender o difundir opiniones o ideas respecto de esas actividades.

A partir de eso, el personal ministerial debe establecer líneas de investigación que coadyuven al esclarecimiento de los hechos, tratar con respeto y dignidad a las personas, y evitar responsabilizar a las víctimas u ofendidos de los hechos o conductas que hayan sufrido en ejercicio de su libertad de expresión.