Un tribunal federal ordenó que se reponga la audiencia donde se determinó que Rosario Robles Berlanga quedara sujeta a prisión preventiva, ante lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que insistirá en que es necesario que la ex funcionaria permanezca en la cárcel el tiempo que dure su juicio, debido a que existe el riesgo de que se dé a la fuga, además de que es acusada de uno de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación.

El quinto tribunal unitario en materia penal, con sede en la Ciudad de México, ordenó reponer el procedimiento y dio un plazo de 48 horas al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para determinar de nuevo si debe continuar en prisión preventiva o podrá llevar su proceso en libertad.

Esta resolución se fundó en que el juez de control impuso la prisión preventiva sin analizar ni establecer las razones por las cuales dicha medida era idónea, proporcional y menos lesiva para la imputada. Sin embargo, la ex funcionaria permanecerá en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha hasta que se reponga dicho procedimiento.

Luego de conocerse esta determinación del tribunal, la FGR anunció que en la próxima audiencia volverá a insistir en la necesidad de que Rosario Robles permanezca en prisión durante el tiempo que dure su juicio.

Explicó que, según el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si un imputado miente respecto de su domicilio, esto constituye una presunción de que existe riesgo de fuga y por tanto se le debe imponer la prisión preventiva justificada.

La FGR argumenta que esto es precisamente lo que sucedió con Robles Berlanga, pues declaró que vivía desde hace 22 años en Coyoacán, cuando se pudo comprobar que tenía documentos, entre ellos una licencia de conducir, en donde aparece con otro domicilio en la colonia Polanco.

Por ello, señala el peligro de sustracción; la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley.

Añade que Robles Berlanga es acusada de cometer uno de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación, y que su permanencia en la cárcel está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de sus posibles cómplices.

En su momento, el juez de control afirmó que impuso la prisión preventiva debido a que existía peligro de sustracción por parte de la imputada que ponía en riesgo su comparecencia al proceso y que por ello era necesario imponer la medida cautelar.

El magistrado del tribunal unitario agregó que en la continuación de la audiencia no se dará voz a las partes, y que el juez de control habrá de resolver respecto de la proporcionalidad e idoneidad de la medida con base en los alegatos que ya se formularon en la continuación de la audiencia inicial del 13 de agosto pasado.

En esa fecha, la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.