Campeche, Camp., Indígenas guatemaltecos de la comunidad Laguna Larga, que fueron desplazados por el ejército de su país, exigieron a ese gobierno cumplir con los acuerdos de reubicación en condiciones de seguridad, mientras a las autoridades mexicanas piden garantizar servicios y atención humanitaria, pues sobreviven en condiciones insalubres, lo que ha propiciado la muerte de ocho personas.

Las 111 familias relegadas habitan un campamento provisional ubicado en la franja fronteriza entre ambas naciones desde 2017.

En conferencia de prensa, el representante de la comunidad guatemalteca, Marvin Pérez Murallas, junto con activistas de organizaciones no gubernamentales para la defensa de derechos humanos, acusaron al gobierno de ese país de discriminar a los indígenas, pero sobre todo a menores de edad que viven una situación compleja.

Hay una negación de los derechos que se ha dado de forma sistemática e irresponsable, se les ha querido vincular con grupos ilícitos, lo cual ha quedado plenamente demostrado que no es verdad.

El activista denunció que a pesar de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno guatemalteco no ha querido resolver este problema y los desplazados de Laguna Larga estarían en la disposición de aceptar una reubicación que cumpla, por lo menos, con las condiciones en las que vivían.

Agregó que en su país han presentado recursos legales que la ley les permite dentro del ordenamiento jurídico nacional con el fin de que se les restituya el ejercicio pleno de sus derechos.

Recordaron que en junio de 2017 la comunidad de Laguna Larga fue desalojada con violencia por mil 400 efectivos del ejército guatemalteco; sin embargo, las familias resisten en la frontera y enfrentan condiciones de alta marginación, lo cual afecta principalmente a los menores de edad.

Apenas el pasado 20 de octubre Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, y Édgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, acudieron al campamento para conocer la situación que enfrentan las familias y las condiciones de los niños.

No cuentan con servicios de salud, agua potable y tienen dificultades para tramitar el registro de identidad para los nacidos en México.

Los activistas indicaron que urge reparar un camino de terracería entre el campamento y el ejido El Desengaño, gravemente dañado, lo que aliviaría un poco su condición.