El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, criticó la actuación de las autoridades federales en el operativo en el que se tuvo que dejar libre a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, pues la decisión de cumplir las normas no pudo estar condicionada al grado de violencia con el que respondió la contraparte.

El Estado no puede renunciar, bajo ninguna circunstancia, a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir, ya que ésta no es objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquél a quien se le intenta aplicar.

Al participar en un foro sobre seguridad, el ombudsman nacional enfatizó que respetar y hacer respetar la ley no puede confundirse con represión, ya que el uso legítimo, debido y conforme a estándares internacionales de la fuerza es potestad, responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan.

El jueves pasado, durante un operativo de la Guardia Nacional y otras corporaciones en Culiacán, Sinaloa, se había logrado la captura de Ovidio Guzmán; sin embargo, ante una reacción violenta del cártel de Sinaloa poniendo en riesgo a la ciudadanía y a los propios elementos de seguridad, y en el que se usó armamento de alto poder, las autoridades federales decidieron dejarlo en libertad.

González Pérez demandó que frente al reconocimiento oficial de que ese operativo fue fallido y mal planeado y ejecutado, es necesario que se realice una investigación objetiva e imparcial, en la que no se deje fuera a ningún mando, que no se les exima de responsabilidad de forma anticipada, pues es importante saber qué pasó y con base en ello prevenir la repetición de situaciones similares.

En Culiacán, más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones que se tomaron con el objeto de evitar una pérdida mayor de vidas, la ya reconocida improvisación y mal planeación del operativo tuvo un alto costo, cuyo precio más alto lo pagó la población civil, los agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado debidamente, probablemente hubiese arrojado un resultado distinto.