Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue abucheado en su primera visita a Cataluña desde la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a nueve políticos independentistas a penas hasta de 13 años de cárcel. El mandatario socialista fue recibido al grito de fuera y libertad presos políticos, en su visita al hospital Sant Pau, de Barcelona, donde se encuentran ingresados la mayoría de los policías heridos en las batallas campales que han sembrado el caos en la ciudad.

Sánchez acudió a Barcelona con el único objetivo de visitar a los policías heridos, que hasta ahora suman 236, uno de ellos de extrema gravedad por un traumatismo craneoencefálico, encharcamiento de pulmones y rotura de vértebras. Su visita duró apenas unas horas, durante las cuales no se entrevistó con ningún representante del gobierno catalán, presidido por el independentista Quim Torra, ni aceptó preguntas de los medios de comunicación.

Cuando salía de visitar a los enfermos, trabajadores del hospital sacaron carteles habituales del movimiento independentista y profirieron gritos y abucheos contra el mandatario, quien salió a toda prisa del lugar. En su visita también tenía programada una reunión en la sede de la delegación del gobierno en Barcelona, que finalmente canceló porque ahí le esperaba otra acción pacífica que consistía en una sentada de protesta. Por segundo día consecutivo no hubo violencia.

Desde el gobierno catalán se criticó que el mandatario español siga sin responder a sus llamadas y se niegue a retomar el diálogo para buscar una salida al conflicto que vive la región desde la semana pasada y que ha movilizado a cientos de miles de personas. El ayuntamiento de Barcelona, que también hizo un llamado a la cordura, informó que sus primeras estimaciones por los enfrentamientos entre policía y manifestantes superan 2 millones 700 mil euros (57 millones de pesos).

En otro orden, el gobierno español informó que se llevará a cabo la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco (1939-1975) el próximo jueves, en una operación en la que estarán presentes 22 de sus familiares, no habrá periodistas y costará al Estado español alrededor de 60 mil euros.