El sexto tribunal unitario del estado de México ordenó la reaprehensión de siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014, lo que a decir de las organizaciones civiles que acompañaron a los sobrevivientes de los hechos demuestra que la liberación de los soldados estuvo basada en un análisis incompleto, y que de esta manera se confirma la existencia de ejecuciones extrajudiciales.

Luego de resolver un recurso de apelación, el mencionado tribunal unitario determinó que los elementos castrenses deben enfrentar acusaciones por ejercicio indebido del servicio público en prisión. Tres de los siete implicados tienen causas penales en trámite por homicidio calificado. Según los peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército el 30 junio de 2014, dentro de una bodega en el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares.

La Jornada publicó en su momento que en los expedientes del caso se da cuenta de que estaban descargadas (desabastecidas) las armas de tres víctimas, a las que en las primeras investigaciones se les señalaba como participantes en el enfrentamiento con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los estudios forenses –con los cuales la PGR sustentó las acusaciones de homicidio en contra de tres soldados en agravio de nueve de las 22 víctimas– indican que los militares también utilizaron en estos hechos un fusil al que borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen.

En 2016 la PGR señaló que un tribunal unitario ordenó la liberación de los siete militares, pues el Ministerio Público no había aportado los elementos suficientes para mantenerlos en prisión.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter que la orden de reaprehender a los militares involcurados en el caso Tlatlaya confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tal como lo han señalado por cinco años las sobrevivientes de los hechos.

De igual forma se acredita que las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios y que el análisis del magistrado que dejó en libertad a los militares fue parcial, además de que regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores, realizando una investigación exhaustiva.

Asimismo, el Prodh consideró que este acto abre la puerta para avanzar en la rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal, pues para terminar con las violaciones a derechos humanos no sólo se requiere cambiar las órdenes, sino también llevar ante la justicia a los perpetradores.