La austeridad en la publicidad oficial se resiente entre las radios comunitarias, las cuales, frente a un mayor número de espacios, ven drenado el financiamiento. A una fórmula arbitraria que contempla la ley para recibir recursos, se suma el subjercicio en el gobierno federal, explicó en entrevista Héctor Camero Haro, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Según el acuerdo en política de comunicación social del gobierno federal, que se publicó en abril pasado, se busca que el límite del gasto en publicidad institucional no rebase en ningún ejercicio fiscal el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, la Ley Federal de Telecomunicaciones estipula que los organismos públicos den uno por ciento de su bolsa de publicidad oficial a radios comunitarias. Dichos recursos se deben repartir entre todas las radiodifusoras que hay.

Así, para este año fiscal son alrededor de 58 millones de pesos que se deben repartir entre cerca de 30 radiodifusoras, con aval del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero en total hay más de 80 radios comunitarias en el país. La fórmula de financiamiento es un traje que nos está quedando muy corto por el crecimiento de las radios comunitarias, sostuvo Camero Haro.

Alma Rosa Alva de la Selva, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la reforma en telecomunicaciones sólo las puso en la ley, pero no mejoró el acceso a recursos. Tema que se agrava con la necesidad de migrar a plataformas digitales.

Sólo ofrecieron a los medios reconocimiento jurídico. Es un avance importante, pero está sólo plasmado en la ley, en el terreno de los hechos quedaron de forma muy similar a como estaban, con debilidad financiera, ahorcados, sin posibilidad de impulsar su proyecto, denunció.

Camero Haro recalcó que sumado al recorte de 50 por ciento en la publicidad institucional, hay reticencias de varios entes de gobierno para aplicar los recursos. Situación que se agravó este año con el subejercicio del gasto federal que fue expuesto en varios ámbitos y hasta octubre están recibiendo recursos. La aplicación de uno por ciento ha estado este año plagada de dificultades y contradicciones.

Nueve meses sin recursos

En 2017 se empezó a aplicar tardíamente el recurso porque era la primera ocasión que se ejercía. En 2018 más o menos fluyó, y nuestra crítica ahí fue que varias dependencias se abstuvieron de hacer sus aportaciones, cuando lo hicieron fue en forma discrecional, sin saber cuánto era lo que tenían asignado. En este año estamos repitiendo la situación de 2017, con el pretexto de que es el inicio de una nueva administración, sostuvo.

Dijo que hasta octubre, a pesar de que se han concluido nueve campañas de comunicación, las radios comunitarias sólo han recibido recursos de una a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El tema del financiamiento es muy tortuoso (...) Hemos estado más de nueve meses sin ningún ingreso hasta que llegó el pago de la primera campaña, concluyó.

Denunció que entre las dependencias renuentes para apoyar a radios comunitarias en el sexenio pasado se contaban el Seguro Social, el Issste y Petróleos Mexicanos. En esta gestión son las secretarías de Salud y Turismo; y de nuevo el Seguro Social que debería tener una aportación de alrededor de 2 millones, nos dijo que tenía una bolsa de 200 mil pesos.

La académica subrayó que se tendría que crear excepciones o fuentes de financiamiento alternativas. Flexibilizar el rubro de patrocinios, que haya ingresos por publicidad, pero con ciertos acotamientos. “Si se reduce el presupuesto grosso modo resultarían muy debilitadas y su proyecto más. Este es un problema fuerte para la superviviencia de la radio”.