Buenos aires. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció ayer que los burócratas de la provincia sureña de Neuquén fueron conminados a concurrir a un acto de campaña del presidente Mauricio Macri bajo amenaza de ser despedidos, descontarles el día o suspender los ascensos, en momentos en que los sindicatos de esos gremios realizaban una marcha de rechazo contra la presencia del mandatario, mientras en todo el país continúan las movilizaciones de distintos sectores ante el cierre de fábricas importantes, lo que agrava la situación de los despedidos, que suman más de 2 millones.

El gobierno lleva a cabo una campaña sucia contra la oposición, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación hegemónicos que responden al Ejecutivo, mientras diversos sectores denuncian las últimas medidas del Ministerio de Seguridad, que dispuso volver a los viejos métodos dictatoriales del control de los documentos de identidad (DNI), por lo cual incluso detienen autobuses de larga y corta distancia y revisan a los pasajeros. Todo esto con una propaganda en favor de las fuerzas policiales; la ministra Patricia Bullrich advierte queremos cuidar a los viajeros.

El Ministerio de Seguridad tiene asesoría de Israel.

Fueron liberados ayer los empresarios de medios de comunicación Cristóbal López y Fabián De Sousa, por orden de la Cámara Federal, después de dos años de ilegal prisión preventiva, al revocar una resolución del juez Claudio Bonadío, uno de los más activos en la judicialización de opositores, que se negaba a liberarlos, a pesar de que no habían cometido ningún delito. También estaban acusados en la ilegal causa de las fotocopias, mediante la cual Bonadío mandó a la cárcel a decenas de personas, procesando a otras sin ninguna prueba y manteniéndolas en prisión preventiva. En estos días han salido cinco detenidos, entre ellos el sociólogo Fernando Esteche, que estuvo en una cárcel de máxima seguridad, aún no se sabe claramente por qué causa, aunque fundamentalmente por falsas acusaciones.

Bonadío debió dejar libres a los empresarios dueños del canal C5N, el único crítico del gobierno de Macri, así como de radios que también emiten información con noticias veraces, por lo cual el gobierno intentó cerrarlos y no lo logró gracias a la resistencia periodística.