La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó ayer las acciones del actual gobierno en el caso Ayotzinapa, a cinco años de ocurrida la desaparición forzada de los 43 normalistas, pues han significado un cambio de rumbo y la construcción de una relación de confianza con los padres de familia de los jóvenes.

Mientras, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia aprobó un resolutivo dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas, mediante tipos penales existentes al momento en que ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Además se pide dar continuidad a las indagatorias en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario de la extinta Procuraduría General de la República, por la presunta manipulación de la investigación del caso.

En un comunicado, la ONU-DH indicó que merece un reconocimiento particular el establecimiento de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el diálogo establecido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias de los estudiantes.

De igual forma, elogió que se hayan celebrado convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la propia ONU-DH, así como que se haya nombrado a un nuevo fiscal especial para el caso, mismo que cuenta con el respaldo de las familias y las organizaciones que las acompañan.

La comisión presidencial ha significado un verdadero cambio de rumbo. Logró construir una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano. Consideramos de particular relevancia que la instancia haya permitido abrir espacios de diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y las Fuerzas Armadas, afirmó Jan Jarab, representante del ONU-DH en México.

Por su parte, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) refrendaron ayer su decisión de ordenar la apertura, en versión pública, de la carpeta de investigación sobre el caso Iguala.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, señaló, a su vez que sigue siendo urgente que las autoridades resuelvan lo que ha sucedido con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y exhortó a las fuerzas políticas y a la sociedad en general a actuar con responsabilidad y no lucrar políticamente.