El primer tribunal colegiado, con sede en Tamaulipas, decidió invalidar las pruebas en contra de otro grupo de 12 policías municipales de Iguala, acusados de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Cuando se cumplen cinco años de estos hechos, trascendió que el colegiado determinó que los policías podrían haber sido torturados para que confesaran su participación en los hechos, pues un reporte pericial da cuenta que presentaron golpes y escoriaciones en clavículas, rostros, manos y pies.

El fallo del colegiado ordena regresar el caso a un tribunal unitario para que tome en cuenta en su sentencia si las pruebas obtenidas con base en esta tortura podrían ser invalidadas y, por tanto, se procedería a liberación de los imputados, tal como ocurrió el pasado 14 de septiembre con otro grupo de 24 ex policías detenidos por el mismo caso.

El segundo tribunal unitario, con sede en Matamoros, Tamaulipas, deberá tomar su decisión en los próximos días.

A cinco años de los hechos de Ayotzinapa, aún permanecen abiertos en juzgados y tribunales federales 65 casos penales sobre estos hechos, y sólo en uno se llegó a una sentencia. Fue el juicio contra Gildardo López Astudillo, alias El Gil, quien obtuvo un fallo absolutorio.

El caso Ayotzinapa llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde permanecen pendientes de resolución dos amparos, cuatro recursos de reclamación, cuatro incidentes de inejecución de sentencia, cinco solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, cuatro quejas y un expediente vario.

Se trata de juicios que involucran tanto a presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes normalistas, hasta a integrantes del equipo de futbol Avispones, quienes resultaron heridos en los hechos, y solicitan indemnizaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También está en la Suprema Corte el caso del ex policía Zulaid Marino Rodríguez, quien permanece preso, acusado de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y solicita amparo para que se le siga pagando su sueldo como elemento de seguridad mientras siga en proceso, esto con base en el principio de presunción de inocencia.