El Senado aprobó anoche la reforma que endurece las sanciones contra la defraudación fiscal mediante empresas fantasmas y facturas falsas, ilícitos considerados parte de la delincuencia organizada, que ameritarán prisión preventiva oficiosa y penas de hasta nueve años de cárcel cuando los montos evadidos a la hacienda pública sean superiores a 8 millones de pesos.

Cuando el valor de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no rebase esa suma, el proceso penal se podrá llevar en libertad, con lo que se protege a los pequeños contribuyentes, recalcó en tribuna el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien propuso las modificaciones para responder a las preocupaciones de grupos empresariales y de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que alertaron sobre señales de terrorismo fiscal.

Monreal sostuvo que se trata de una reforma de gran envergadura, que pondrá fin a un entramado de corrupción que fusionó el poder económico con el político y propició que se constituyeran 9 mil empresas fantasmas, que entre junio de 2014 y junio de este año evadieron impuestos por 1.2 billones de pesos.

El debate se prolongó por más de seis horas, y la reforma se aprobó en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, éstos de priístas y panistas que advirtieron que es un exceso calificar a todos los contribuyentes de delincuentes y a los empresarios de narcotraficantes.

Durante la discusión, PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticaron también que en la reforma a cinco ordenamientos (entre ellos los códigos Fiscal de la Federación y de Procedimientos Penales y la Ley contra la Delincuencia Organizada) se catalogue la defraudación fiscal como delito de seguridad nacional.

Samuel García, de Movimiento Ciudadano, bancada que votó a favor en lo general, coincidió en que se trata de un exceso que desvirtúa la reforma, encaminada a acabar con ese cáncer y combatir a funcionarios y empresarios corruptos.

No debe considerarse delito de seguridad nacional como terrorismo, espionaje, genocidio y uso de material nuclear, entre otros, recalcó el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta (Morena) resaltó que con un billón 600 mil millones de pesos defraudados al fisco por las empresas fantasmas se habrían construido 221 hospitales. ¿ No es ello un delito contra la seguridad nacional?, preguntó.