Toluca, Méx., El pleno del Congreso local aprobó ayer por unanimidad reformas a la Ley de Fiscalización del estado de México para devolver a la legislatura la facultad de calificar las cuentas públicas estatales y municipales, función que le fue retirada en 2008 por la mayoría priísta, lo que favoreció las aspiraciones presidenciales del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

Además, los diputados de todos los partidos avalaron modificaciones que permitirán a los ciudadanos mexiquenses promover auditorías a entes públicos cuando se tengan sospechas o evidencias de que se ha incurrido en manejo inadecuado del erario, tanto en el gobierno del estado como en los ayuntamientos.

Las reformas aprobadas también ampliaron los plazos de revisión que los diputados tendrán para analizar informes de cuentas públicas que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Osfem).

Hoy día el Congreso sólo puede manifestarse sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior a más tardar el 15 de noviembre, y con las modificaciones podrá emitir dictámenes sobre el manejo de recursos a más tardar el 5 de diciembre de cada año.

Gerardo Ulloa, diputado de Morena, informó que las administraciones estatal y municipales deberán remitir a la legislatura las cuentas públicas del ejercicio fiscal anterior a más tardar el 30 de abril.

El Congreso los turnará al Osfem para una primera revisión, elaborará un informe y lo pondrá a consideración de los diputados el 30 de septiembre. De esa fecha al 5 de diciembre se revisará el informe y se emitirán dictámenes de las cuentas públicas.

De rechazarse una cuenta, el Osfem deberá profundizar la fiscalización para detallar si hubo daños a la hacienda pública.

En las reformas a la Ley de Fiscalización se aprobó la creación de la Unidad Técnica de Evaluación y Control, que vigilará y evaluará el desempeño de los servidores públicos del Osfem y dependerá de la comisión de vigilancia del Congreso. Será encabezada por un académico o experto en rendición de cuentas designado por los diputados.

Sobre las auditorías ciudadanas, se determinó que los promoventes deberán explicar con detalle los hechos, actos u omisiones que motiven los estudios, los señalamientos a la autoridad a la cual se le atribuyan hechos y pruebas que justifiquen la acción. La unidad técnica evaluará la solicitud y en un plazo no mayor a 10 días determinará si existen elementos para aplicar una auditoría al ente señalado.