Cuatro de cada 10 adultos mayores de 65 años viven en pobreza. Esto significa que en esta condición se encuentran 4.3 millones. Entre 2008 y 2018 apenas se redujo en 3 puntos porcentuales la población en esa situación. Hubo una mayor disminución en la incidencia de pobreza extrema, la cual pasó de 12 por ciento de longevos a 6.8 por ciento en ese periodo, indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el contexto del Día de la Persona Adulta Mayor que ayer se celebró, el organismo considera que ante los riesgos asociados a esta edad es necesario establecer un sistema de protección social que cubra un paquete de beneficios iguales entre instituciones con el uso de los servicios de salud, pensiones de vejez y pisos mínimos que disminuyan los constantes riesgos que enfrenta este grupo de población.

Con base en los más recientes datos de Medición de la Pobreza del Coneval, el grupo de mayores de 65 años vulnerables por carencias sociales pasó de 33.6 por ciento a 26.9 por ciento entre 2008 y 2018, mientras que el de vulnerables por ingresos aumentó de 4.3 por ciento a 8.3 por ciento. Los ancianos que pueden cubrir todos sus satisfactores son apenas 23.7 por ciento. El organismo indica que la población de 65 años o más con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó entre 2008 y 2018 al pasar de 18.6 por ciento a 19.1, mientras que la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, en este grupo de población, pasó de 49.2 a 49.4 por ciento.

Refiere que la condición física y los problemas de salud son factores de vulnerabilidad en esa etapa de la vida. El desgaste físico propio de las personas adultas mayores propicia que requieran atención médica tanto de manera más recurrente como de carácter especializado.

Agrega que ha recomendado diseñar un Sistema Nacional de Cuidados que contemple, entre otros elementos, la participación de las diversas secretarías o instancias gubernamentales que tienen a su cargo a grupos de la población con necesidades de cuidado, así como la conciliación familiar y laboral.

También plantea garantizar un ingreso a los adultos mayores que les permita enfrentar eventos coyunturales como enfermedad, invalidez y pérdida de ingresos, así como deficiencias estructurales del sistema de seguridad social.

Entre las carencias que se toman en cuenta para la medición de la pobreza está la educación, la cual diminuyó en esta población al pasar de 68.5 por ciento en 2008 a 54.5 por ciento en 2018. La carencia por calidad y espacios de la vivienda declinó de 13.8 por ciento a 6.6; la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda bajó 23.1 a 19.4 por ciento y la carencia por acceso a la alimentación pasó de 19.3 a 18.2 por ciento en ese periodo.

El porcentaje de la población adulta mayor con carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó de 31.9 a 9.7 por ciento entre 2008 y 2018, mientras que en la carencia de acceso a la seguridad social en este grupo de la población se redujo de 34.1 a 17.7 por ciento.