El tema de la llamada ley Bonilla llegó ayer al pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde los integrantes de ese órgano calificaron la ampliación –de dos a cinco años– del periodo del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como una medida autoritaria y un abuso de poder.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en los municipios de Ensenada, Tijuana y Mexicali presentó ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California un recurso de protección de derechos en contra de la consulta popular aprobada por el Congreso local sobre el periodo de Bonilla Valdez, por considerar que es ilegal y afecta los derechos políticos de los bajacalifornianos.

Los empresarios advirtieron que se violentó el derecho a ejercer el voto en las elecciones que se deben convocar antes de concluir el mandato de Bonilla, e indicaron que la consulta popular pretende modificar la voluntad ciudadana expresada el 2 de junio en las urnas, vulnerando así el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas.

Debió esperar otra eleción

El consejero Marco Antonio Baños, del INE, puntualizó que si a Jaime Bonilla no le gustaba el periodo de un año y ocho meses para el que fue seleccionado, debió haber esperado para los próximos comicios que serán por seis años, mientras el representante de Morena en el organismo electoral, Carlos Suárez, consideró que no tenía ningún caso debatir sobre el asunto, ya que éste será resuelto por el tribunal.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del INE, dijo que con la decisión de prolongar el mandato se está desmantelando la democracia en el país, al tiempo que externó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restablezcan el orden constitucional.