Desplazados de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Zitlala, ubicados en la sierra de Guerrero, exigieron al gobierno federal el envío de la Guardia Nacional a la región a fin de restablecer el orden y que puedan regresar a sus comunidades, de las que se vieron obligados a huir en noviembre del año pasado por la presencia de grupos armados que se hacen pasar como policías comunitarias.

En conferencia, reconocieron que 90 por ciento de las familias de la región del corredor Casa Verde-Corralitos se ha dedicado por generaciones a la siembra y venta de la goma de opio para grupos criminales, pero que la caída de precio de este opiáceo ha generado una crisis en la sierra guerrerense.

Omar González, de la comunidad Campo de Aviación en el municipio de Leonardo Bravo, desplazado y antiguo productor de goma de opio, indicó que esto representaba ingresos para las familias, pues era la única fuente de empleo.

Ahora el precio se redujo, ya que en Estados Unidos la demanda actual es por drogas sintéticas basadas en el fentanilo. El precio, dijo, variaba de acuerdo con la temporada, ya que iba de 18 a 22 mil pesos por kilo. Sin embargo, hoy se ofrecen sólo 4 mil.

Este producto, reconoció, se vende al crimen organizado. “Nosotros sólo somos agricultores: sembramos, cosechamos, vendemos. Los principales intermediarios son narcos. Ellos compran y son los que generan la violencia (...) Desconocemos los intereses que están peleando (para obligarlos a desplazarse), será por los recursos naturales, ya que se habla de zonas mineras. Quién sabe, pero la goma de opio ya no tiene buen precio”.

Resaltó la necesidad de que las autoridades den opciones para el retorno a sus comunidades, sobre todo ahora que se prevé la regularización de la mariguana, lo que representaría oportunidades para ellos. “La legalización nos ayudaría, ya no nos perseguirían los narcos ni el Ejército, que dice que somos criminales”.

Durante la conferencia, solicitaron a la Secretaría de Gobernación que retome las negociaciones con los grupos de autodefensa, entre ellos los de Guerrero, pues representa una pequeña esperanza de que ahora sí se estaba trazando una ruta de seguridad para nuestro retorno a las comunidades. Ello, aun cuando no están a favor de que exista impunidad para el grupo que los expulsó de sus hogares.

Recordaron que desde hace nueve meses decenas de familias huyeron de sus comunidades por la presencia del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero. Por ello, entre febrero y marzo mantuvieron un plantón frente a Palacio Nacional, y tras llegar a acuerdos con el gobierno federal lo retiraron y se refugiaron en Chichihualco.