Washington. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución para condenar e investigar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela.

La resolución, que no contiene información elaborada por las instituciones venezolanas, expresa su rechazo a los supuestos abusos cometidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El documento busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente autónomo de la OEA, tenga acceso inmediato y sin obstáculos al territorio venezolano, el cual no visita desde 2002.

Además, exige la implementación de recomendaciones del informe elaborado por la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que incluye el registro de 5 mil 287 muertes durante operativos de seguridad en 2018. La investigación es rechazada por el gobierno venezolano.

La resolución fue presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. Recibió 21 votos en favor, tres en contra, y tres ausencias. México, Bolivia, Barbados, Surinam, Belice, San Kitts y Trinidad se abstuvieron.

La embajadora mexicana, Luz Baños, expresó su preocupación por la situación en la nación petrolera, pero se abstuvo de apoyar la resolución por considerar que la OEA sobrepasó sus atribuciones al reconocer a Gustavo Tarre, enviado del líder opositor Juan Guaidó, como representante de Venezuela ante el organismo internacional.

Maduro retiró en abril pasado a sus diplomáticos de la OEA, pero el secretario general del organismo, Luis Almagro, acogió la solicitud de Guaidó de dejar a Venezuela dentro de la organización.

Baños argumentó que la resolución se aleja del derecho internacional y equivale a mala práctica porque no define con claridad el sujeto del derecho internacional al cual se le dirigen las recomendaciones contenidas en la resolución y a quién se hará responsable de su eventual cumplimiento.

En tanto, el Departamento de Estado anunció que abrirá una oficina de representación estadunidense para Venezuela que estará en Bogotá y dijo que continuará su oposición contra Maduro.