Oaxaca, Oax., Anoche fue presentado en Oaxaca el protocolo de Medidas de Protección de Derechos Humanos creado por el Estado mexicano en colaboración con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a raíz del caso del indígena triqui Antonio Jacinto López Martínez, asesinado el 17 de octubre de 2011 a pesar de que contaba con medidas cautelares dictadas por el organismo internacional.

El acto se celebró en el Salón de Gobernadores del palacio de gobierno y fue encabezado por el mandatario Alejandro Murat Hinojosa junto con la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Arosemena puntualizó que la idea de este protocolo, además de preservar la vida de los beneficiarios de medidas cautelares, es buscar solución amistosa a los conflictos.

Es un mecanismo utilizado para el arreglo pacífico y consensuado de cualquier controversia, para lo cual será importante la participación del gobierno mexicano, el cual ha mostrado un gran compromiso con el sistema de la comisión. El éxito del protocolo permitirá llevarlo a los demás países de que forman parte de la CIDH, indicó.

Destacó que este protocolo, que incluye medidas para casos específicos, debe aplicarse de inmediato en casos de emergencia sin esperar aprobación de la CIDH, en particular los que se relacionan con graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o tortura. En estas situaciones, dijo, los funcionarios estatales tienen el deber de actuar rápidamente para salvaguardar la vida y los derechos de los afectados.

Por su parte, Alejandro Murat señaló que con este instrumento, que reconoce el legado de lucha de Antonio Jacinto López Martínez, México y Oaxaca se fortalecen. Puntualizó que el asesinato del indígena triqui y los atropellos que sufrió durante el sexenio de Ulises Ruiz (2004-2010) nunca debieron ocurrir.

El imperativo de este acto, explicó, es defender la dignidad de los ciudadanos y salvaguardar los derechos humanos, en lo cual el gobierno de Oaxaca está comprometido y trabaja en la construcción de un ambiente propicio, ya sea en políticas de género, derechos indígenas, de los niños, así como el matrimonio igualitario recién aprobado en el Congreso estatal.