Jaime Martínez Veloz, ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, anunció en el Senado la realización de un éxodo por la democracia y la legalidad, que iniciará en Tijuana y concluirá en la Ciudad de México, en protesta por la ampliación del mandato de dos a cinco años, al próximo gobernador de ese estado, el morenista Jaime Bonilla.

Acompañado por integrantes de la dirección nacional del PRD, senadores y diputados que lo respaldan en esa movilización que realizará, Martínez Veloz informó que el éxodo duraría 15 días y se realizaría la segunda y la tercera semana de octubre, en caso de que no haya una solución definitiva en los primeros días de ese mes y persista la intención de prolongar de manera ilegal el gobierno de Bonilla.

En tanto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que no se puede permitir que en 2021 haya 14 elecciones de gubernaturas, en lugar de 15 como está previsto, al referirse al intento de ampliar a cinco años el próximo gobierno de Baja California. Implicaría que el intento de violar y subvertir el orden constitucional tendría éxito.

En la presentación del libro Violencia política contra las mujeres. El precio de la paridad en México, aludió a que el intento de prolongación de ese mandato haría que la elección del subsecuente gobierno se hiciera en 2024 y no en dos años. El presidente consejero resaltó la persistencia de quienes quieren violentar la Constitución y el sistema democrático y con ello generar un atropello a la democracia y un atraco, como ha dicho un ex funcionario del INE.

Por otro lado, por notoriamente improcedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó la primera acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional, en contra de la ampliación del mandato en Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Esta acción impugnaba el artículo octavo transitorio del decreto 112, que modificó la Constitución de ese estado para que el próximo gobernador ocupe el cargo desde el primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024, con el argumento de lograr la concurrencia de los procesos electorales local y federal.