El Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán rechazó las medidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivadas del recorte presupuestal para 2019. Indicaron que ante ello se han cerrado 10 casas de cultura jurídica en todo el país, lo cual dejó sin acceso a capacitación y espacios de desarrollo de los grupos jurídicos que buscan brindar protección a los pueblos originarios y comunidades más vulnerables.

Consideraron que tal decisión es discriminatoria y sin fundamentos contundentes, pues la violencia y dificultades que sufre el estado imposibilita el acceso a la única Casa de Cultura Jurídica que tienen intención de mantener en operación en Michoacán, condenando a las comunidades afectadas al rezago educativo en materia jurídica, limitando su actuar para el acercamiento a la justicia y fortalecimiento del estado de derecho en el país.

Consideraron que este ataque a la cultura jurídica es garantía de retroceso de la sociedad mexicana, ya que con los cierres se vuelven a concentrar las novedades y avances en el ámbito jurídico para unos cuantos, limitando uno de los instrumentos más eficaces para dar batalla contra la corrupción en el sistema judicial y contra los actos abominables que se gestan en tribunales y juzgados del país. Cerrar la Casa de Cultura frena el poco avance que se ha alcanzado en la cultura jurídica.

Indicaron que ante tales actos de desmantelamiento, el Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán presentó el 13 de agosto pasado un escrito para pedir una cita con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de plantearle la gravedad de los hechos, sin embargo no han obtenido respuesta. El documento también lo entregaron a la Presidencia de la República, Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, exigieron entablar una mesa de dialogo a la brevedad para proteger el derecho a la educación y reforzar el acceso a la justicia y pidieron mantener el acervo bibliográfico en la comunidad, al resguardo de la biblioteca pública y se siga actualizando; ya que, reiteraron, representa el acceso a la educación jurídica de todos los municipios que convergen en Uruapan, Michoacán.