ubo una época en la cual se decía que la política sobre conservación de la biodiversidad podía beneficiarse de instrumentos basados en mecanismos de mercado. En especial, se expresaba que la mejor manera de combatir el tráfico ilegal de especies amenazadas era legalizando el mercado. De este modo habría una oferta estable y abundante que deprimiría el precio de esos animales y plantas, eliminando los incentivos para los traficantes y promoviendo el uso sustentable de esas especies.

Esa forma ingenua de ver el mundo y la política de la conservación ha ido desvaneciéndose gradualmente. Como no existen estudios serios sobre la estructura y dinámica de mercados de especies amenazadas, no hay bases para afirmar que el mercado funcionaría para erradicar a los traficantes de especies amenazadas. La dinámica de formación de precios depende de manera crucial de la estructura de cada mercado y la probabilidad de que se produzcan resultados negativos al legalizar un mercado es alta.

Otra razón poderosa para no utilizar ingenuamente los mecanismos de mercado es que los decomisos muestran que los traficantes de especies amenazadas operan con múltiples productos y, por tanto, su rentabilidad no depende de una sola mercancía. Es decir, funcionan como empresas multiproducto, cuya rentabilidad está relacionada con muchas líneas de actividad. Aun cuando el precio de uno de sus productos pudiera reducirse, estas empresas pueden resistir durante mucho tiempo una guerra de precios, motivo suficiente para abandonar la ingenua idea de que los mecanismos de mercado pueden ser una buena manera de reducir el tráfico ilegal de especies amenazadas.

Pero los adeptos del libre mercado nunca descansan y siempre tienen nuevos argumentos. Como hoy ya no se puede decir impunemente que el mercado funciona bien, ahora el discurso es que un mercado legalizado de especies amenazadas permite generar recursos para la conservación de la especie y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales, y hasta aliviar la pobreza. Esta fraseología se ha convertido en una fórmula mágica que justifica el comercio legal de especies amenazadas.

Este tipo de argumentos reapareció en los trabajos de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Comercio de Especies Amenazadas (Cites), que está concluyendo esta semana en Ginebra. Esta convención prohíbe en la actualidad la venta de marfil, pero cinco países de África austral siguen presionando para que se autorice el comercio de ese producto y su argumento ahora es que los recursos generados por esa venta serían destinados a las comunidades locales y a financiar la conservación. El argumento es absurdo y algunos números permiten demostrarlo.

Botsuana es uno de estos países. Posee un acervo de 43.6 toneladas de marfil y su ministro de Medio Ambiente insiste en que la venta de ese recurso sería clave para beneficiar a las comunidades locales. ¿Cuánto vale esa mercancía? Desde que China cerró su mercado interno, en 2017, el precio internacional del marfil se ha desplomado, pasando de aproximadamente 2 mil 100 a sólo 730 dólares por kilogramo entre 2015 y 2018. Es difícil que en una subasta controlada (como la que sería necesaria en el caso de una venta autorizada por la Cites) se alcance un precio superior, y más bien habría que esperar una cotización significativamente inferior. Si se considera el antecedente de la venta de 2008, el precio difícilmente rebasaría 500 dólares por kilo. Es decir, cuando mucho la venta generaría unos 21.8 millones de dólares. La población en el norte de Botsuana, donde se concentra la mayor parte de los elefantes, alcanza medio millón de personas. Si se distribuyera el producto de la venta entre esa población, en el mejor de los casos a cada persona le corresponderían 43.6 dólares. Y hay que destacar que este sería un pago único, pues el año entrante no habría acervos de marfil que vender. Si se quisiera proseguir con esta ayuda el año entrante, habría que ver qué propondría vender el ministro de Botsuana.

En relación con los costos de conservación, la superficie de áreas protegidas en Botsuana es de 169 mil 370 kilómetros cuadrados. Si se asignara el total de la venta del marfil a la conservación, se tendrían unos 128 dólares por kilómetro cuadrado. Esa cantidad es claramente insuficiente para cubrir los costos de vigilancia de las áreas naturales protegidas de Botsuana. El presupuesto para gastos de conservación por kilómetro cuadrado de área protegida en ese país es muy superior a lo que se podría generar con la venta de todo el acervo de marfil en posesión de este país.

Es claro que la conservación es un tema que debe estar soportado en el financiamiento público y no en mercados que pueden ser inestables y hasta poco duraderos. En cambio, cualquier venta de marfil sí permite perpetuar el mercado ilegal del mismo y la matanza de elefantes en África que hoy alcanza la cifra de 20 mil animales muertos cada año.

Twitter: @anadaloficial