na serie de agresiones a militares está dando pie a que grupos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador exijan detener tales ataques y la imposición de castigos ejemplares. El poder militar es considerado como la última frontera entre el orden jurídico defendible y aplicable mediante la fuerza del Estado (considerada legítima, en estos casos) y el riesgo de caos si soldados y marinos son rebasados por oleadas ciudadanas relacionadas con el crimen organizado, con autodefensas o con mezclas casi indistinguibles entre estos dos factores.

La postura del Presidente de México ha sido firme e infranqueable: no habrá represión; diálogo, diálogo y más diálogo. Se ha sostenido en tal posicionamiento incluso ante movilizaciones o protestas que parecían destinadas a la confrontación violenta o a la necesaria intervención militar o policiaca para evitar daños a la economía o al interés relevante de terceros. Así sucedió ante profesores que pusieron en jaque la distribución de mercancías desde regiones en conflicto o ante policías federales que por su condición armada podrían significar un riesgo de desbordamiento sangriento.

Ahora se han multiplicado las acciones de ciertos grupos sociales contra soldados, marinos y policías. En una primera lectura, parecerían consecuencias naturales de la permisividad que se ha ordenado a tales fuerzas gubernamentales, con tal de no caer en provocaciones que serían explotadas para trazar un boceto de ingobernabilidad que en otros países se ha utilizado para escalar planes de desestabilización contra gobiernos progresistas o apegados a intereses populares.

Entre las voces que demandan mano militar dura están perredistas y panistas que consideran inaceptables las humillaciones al Ejército, como el único gobernador del sol azteca (en realidad, peñista), Silvano Aureoles, de Michoacán. En realidad, las preocupaciones expresadas con gravedad por esos opositores al lopezobradorismo se desentienden de la responsabilidad que han tenido en la creación de las criminales descomposturas institucionales que ahora les preocupan. Empujan, o tratan de hacerlo, al gobierno federal para que tome acciones de fuerza que luego usarían como material de propaganda política para erosionar al gobierno que tanto les incomoda.

El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ha empezado su inserción en la vida pública de nuestro país al estilo de su antecesora, Roberta Jacobson, quien dedicó buena parte de su tiempo al turismo cultural y gastronómico, dado que Washington no le daba mayor importancia a su cargo, pues todo lo negociaba el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, con el virtual vicepresidente de México, Luis Videgaray. No es el caso de Landau, quien viene con toda la fuerza de Trump y la Casa Blanca. Nacido en Madrid y estudiante durante cinco años en Paraguay, pues su padre fue funcionario diplomático y embajador de Estados Unidos, no ha ocupado antes ningún cargo en el servicio exterior.

Suele decirse que la relación entre México y EU ha estado desatendida porque desde mayo de 2018 no había embajador formal y la antecesora, Jacobson, parecía hacer todo menos tareas profundas de diplomacia. La verdad es que la relación entre los dos países se ha procesado a los más altos niveles durante la gestión de Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, lo cual ha reducido la importancia operativa de los embajadores oficiales en ambos países.

Por lo pronto, Landau fue a la Basílica de Guadalupe y tuvo un encuentro con el Presidente mexicano. El 10 de septiembre, además, funcionarios de ambas naciones se reunirán para evaluar el cumplimiento de nuestro país respecto a las exigencias en materia migratoria de la administración Trump. México ha cambiado radicalmente su política en la materia con tal de eludir las amenazas del presidente gringo de aplicar aranceles a productos mexicanos como castigo si se sigue permitiendo el tránsito de centroamericanos y otros extranjeros hacia la tierra del falso american dream. ¡Hasta mañana!

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