El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó preocupación por la medida anunciada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que permitirá la detención de forma indefinida de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzaron la frontera sin documentos.

La cancillería informó que el personal diplomático, tanto de la Subsecretaría para América del Norte como de la embajada en Washington y los consulados darán seguimiento a las condiciones de esos centros de detención en el país vecino y continuará brindando asistencia y protección consular a las familias mexicanas que sean aprehendidas bajo estas nuevas condiciones.

El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump anunció una nueva regulación que da por terminada la normatividad denominada Acuerdo Flores, la cual limitaba a 20 días el periodo de detención de niñas, niños y adolescentes en centros de detención migratoria en ese país.

Esta medida, que se prevé entre en vigor en 60 días, establece que las familias acompañadas por menores deberán permanecer en centros de detención mientras se desahogan sus procesos migratorios, por lo que la retención de los menores podría prolongarse por tiempo indeterminado, ya que persiste la demora en la atención de dichos casos, dio a conocer la cancillería mediante un comunicado.

La SRE, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon, informó que con el apoyo de los Grupos Asesores sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos se evaluarán las alternativas legales correspondientes.

La estrategia estadunidense ha recibido la crítica de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos, como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés), que denunció que este es otro ataque cruel contra los niños, a quien el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes.

El gobierno no debería estar encarcelando niños y que ciertamente no debería estar buscando la forma de poner a los niños en prisión por más tiempo, condenó la Aclu y consideró que el Congreso estadunidense no debería financiar a esta política.