Morena en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de decreto con el propósito de modificar el nombre del Instituto de Administración de Bienes y Activos, y denominarlo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, instancia del gobierno federal que se encargará de administrar los recursos provenientes de decomisos a delincuentes –incluídos funcionarios públicos– y de las acciones derivadas de la extinción de dominio.

Su objeto es regular la administración y destino tanto de los bienes y activos que son propiedad pública por su propia naturaleza, como de los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio u otras formas de incautación derivadas de actividades ilícitas. Todo ello, buscando contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, las finanzas públicas y los sistemas económico y financiero.

Los morenistas refieren que el instituto es el responsable de monetizar los bienes y los créditos a favor del Estado que se obtienen mediante distintas vías, como el aseguramiento y decomiso de bienes en los procedimientos penales federales, los cuales tiene origen en las actividades ilícitas de la delincuencia organizada. Recuerdan en su propuesta que entre 2007 y en lo que va de 2019 han ingresado a las finanzas públicas federales más de mil millones de pesos por venta de bienes asegurados al crimen organizado, y es necesario otorgarle una finalidad social.

“En efecto, los recursos recuperados que monetariza y administra el instituto constituyen un ingreso relevante para las finanzas públicas, de ahí su importancia en el sistema económico y financiero de nuestro país. Sin embargo, cabe advertir que esta gestión de los bienes de la Federación se ha conducido sin un sentido social, ya que el destino de los recursos que ha logrado recaudar en favor del Estado han carecido de transparencia, eficiencia y un fin cierto en beneficio directo de la sociedad.

También argumentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador “propuso un cambio de rumbo en la administración de los bienes de la federación, que son de los mexicanos.

Implica una renovación moral en la gestión, administración y destino que asegure que los recursos obtenidos regresen a la sociedad en forma de programas, bienes y servicios públicos; es decir, que garantice que le será devuelto al pueblo lo robado.”