Ante la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el PRI en la Cámara de Diputados impulsa una reforma al artículo 22 constitucional con el propósito de que sea obligatoria, entre otros requisitos, la existencia de una sentencia de un juez antes de que las autoridades retiren una propiedad al ciudadano que haya sido acusado de cometer delitos graves.

La ley entró en vigor ayer, luego de que fue publicada el viernes en el Diario Oficial de la Federación.

El diputado y ex dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza señaló que su bancada en San Lázaro impulsa una iniciativa de reforma constitucional con la finalidad de evitar los abusos incluidos en la que hizo posible la ley.

Explicó que además de que demandan que exista sentencia, proponen que el procedimiento de extinción de dominio pueda iniciarse contra un ciudadano sólo si un juez dicta, con pruebas fehacientes, el auto de vinculación a proceso penal, y no por capricho del Ministerio Público.

Consideró que el Estado debe utilizar la extinción de dominio sólo para castigar corrupción, crimen organizado, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, como establece la Convención de Palermo.

La iniciativa fue presentada esta semana por Ochoa Reza y las diputadas Dulce María Sauri, Claudia Pastor, Norma Guel y Soraya Pérez, así como por Fernando Galindo y Pedro Pablo Treviño.

En declaraciones públicas, Dulce María Sauri explicó que la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio no es un arma sólo enfocada al crimen organizado, sino que representa una amenaza a la estabilidad patrimonial y la vida de los mexicanos.

Explicó: Con el pretexto de quitarle los bienes a los criminales, se abre una puerta para que cualquier ciudadano pueda quedar sujeto al procedimiento de extinción de dominio, es decir, que puedan retirarles casas, vehículos o hasta parcelas. Como ejemplo, se refirió al riesgo que corren los ejidatarios que son presionados por el crimen organizado para plantar mariguana u otro cultivo ilícito.

Sauri Riancho advirtió que también podría aplicarse la extinción de dominio en caso de que un ciudadano comprara artículos robados sin tener conocimiento del ilícito o que se hiciera mal uso de alguna habitación o inmueble rentado sin que se advirtiera de actividades ilegales.

La extinción del dominio es una forma elegante de aplicar una expropiación de los bienes de los mexicanos, afirmó.