La justicia mexicana tiene abiertos cinco procesos penales y por lo menos otras cinco acusaciones pendientes de judicializar en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa; procedimientos que presuntamente enfrentará en territorio nacional una vez que cumpla su sentencia en Estados Unidos, aunque en los hechos ello no ocurrirá, indicaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Guzmán Loera podría ser sentenciado hoy por la justicia estadunidense a cadena perpetua, más 30 años de prisión, a solicitud de la fiscalía al juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, luego de casi dos años y medio de que fue extraditado por autoridades mexicanas, quienes lo entregaron el 19 de enero de 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El traslado se llevó a cabo un día antes de que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos, y como si se tratara de un caso urgente, fue horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó la protección de la justicia federal.

Las autoridades estadunidenses han señalado que el ex jefe del cártel de Sinaloa, de 62 años, fue responsable de importar (o de intentar hacerlo) a ese país al menos un millón 213 kilogramos de cocaína, así como de mil 440 de cocaína base, 222 de heroína, casi 50 mil de mariguana y una cantidad sin especificar de metanfetaminas.

Los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos establecen que un imputado deberá ser devuelto a las autoridades de la nación donde existan causas penales pendientes cuando le falten al menos dos años de condena; esto no ocurrirá si a Guzmán Loera le imponen cadena perpetua.

El cártel de Sinaloa llegó a ser considerado la mayor organización criminal que operaba desde territorio mexicano; sin embargo, a partir de 2017 –cuando El Chapo Guzmán fue extraditado–, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se fue fortaleciendo hasta ser señalado como el de mayor presencia, capacidad de fuego y ejercicio de la violencia en México, con conexión a más de 20 países.

Suspensión de procesos hasta su regreso

En febrero de 2017, luego de ser entregado a autoridades de Estados Unidos, el entonces subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la hoy FGR, Alberto Elías Beltrán, informó que los juicios que Guzmán Loera tiene en México se suspendían y que regresaría a ser procesado, una vez que cumpliera su condena en aquella nación.

Los registros de la FGR señalan que el ex líder del cártel de Sinaloa –actualmente dirigido por Ismael El Mayo Zambada– enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita ante los juzgados quinto y décimo de procesos penales federales en el estado de México; otra en el juzgado primero de distrito con sede en Nayarit; también ante el juzgado segundo de distrito en Tamaulipas, y una causa más ante un juzgado de Ciuliacán.

El cártel de Sinaloa, según funcionarios federales, ha logrado –luego de la detención y extradición de Dámaso López Núñez, El Licenciado, quien disputaba el liderazgo de la organización– que El Mayo Zambada estableciera una nueva alianza entre Alfredo e Iván Guzmán (hijos de El Chapo), con su tío Aureliano Guzmán Loera, El Guano, con quien ya tenían disputas por los territorios de tránsito y distribución de drogas, así como de cultivo de amapola y mariguana en el llamado Triángulo Dorado, que abarca la zona serrana entre los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Aunque ya se haya logrado una tregua, el CJNG ha incrementado sus zonas de influencia hasta llegar –según informes federales– a 28 entidades de la República, cooptando a los integrantes de organizaciones rivales, a quienes asesina si no aceptan unírsele.