Los rezagos que ha tenido el Congreso de la Unión en materia de transparencia en el uso de sus recursos “constituyen el talón de Aquiles del país’’ en este ámbito, advirtió la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Issa Luna Pla, quien sostuvo que más allá del destino de los recursos económicos, en realidad se ‘‘trata de una herramienta de control político’’ que permite manipular el desempeño de los legisladores en sus tareas, por sus condicionantes.

La Arquidiócesis Primada de México asentó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, reveló que el sistema de procuración de justicia en el país es ‘‘viciado y corrupto; está descompuesto. Lleva a la convicción de que en México no existe una verdadera impartición de justicia’’. En el editorial del semanario Desde la Fe, la jerarquía católica calificó de inoperante el sistema de justicia, pues no es ‘‘garante de la seguridad y bien de cada persona, y lo que menos le interesa es la protección de los derechos humanos. Se ha convertido en una vergüenza internacional’’. El informe del GIEI exhibe los principales males del sistema de justicia: el enquistamiento la corrupción y la impunidad; (también) la gran vulnerabilidad en la que estamos los ciudadanos por la incapacidad y torpeza de las instituciones responsables de la impartición de justicia, ahora dispuestas a analizar detalladamente lo que debieron indagar desde el primer momento de las desapariciones’’, expuso. La Arquidiócesis sugirió llevar a cabo una depuración profunda del sistema de justicia.